Un viacrucis: Las Caravanas de la Muerte en México

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Uno de nuestros grandes problemas históricos es la frontera norte. Como mexicanos, estamos de acuerdo en que si algo nos ha afectado a quienes vivimos desde la línea del Trópico de Cáncer para arriba —ahora más, con la inseguridad que se ha venido detonando este sexenio por la presencia aún mayor del Crimen Organizado— lo es sin duda el tráfico migratorio, no tanto por el cruce de personas que buscan cruzar el Río Bravo hacia el vecino país del norte en busca de mejores condiciones de vida para los suyos o huyendo de tiranías empobrecedoras como las de Nicaragua y Venezuela, sino por los problemas que estos movimientos suelen traer consigo.

Lo que hace más de una semana comenzó como una protesta terminó convirtiéndose en tragedia. El Instituto Nacional de Migración informó que un incendio en uno de sus “albergues”, que en realidad resultó ser una cárcel para migrantes en Ciudad de Juárez, dejó al menos 40 muertos y decenas de heridos en condiciones dantescas, donde las autoridades del INM en vez de ayudar los dejaron morir; algo que quedó captado ante las cámaras y que provocó al día siguiente la risa del Presidente, risa que repitió igual que cuando anunciaba en una de sus mañaneras “ahí están las masacres”, sorprendiendo a propios y extraños, hace más de 2 años.

Desde los acuerdos entreguistas firmados por miedo ante Donald Trump, como condición al T-MEC, el Gobierno Federal no solo comprometió nuestra Soberanía ante un Gobierno extranjero usando más de 28,000 tropas para cuidarle la frontera a los Estados Unidos. También se comprometió a detener las caravanas migratorias que antes fomentaba y hasta premiaba—dándoles dinero y pagándoles hospedaje en México—convirtiendo al país en una cárcel para los mismos.

La reciente desaparición y secuestro de un grupo de migrantes mexicanos y extranjeros que se trasladaban por la carretera a Matehuala rumbo a Saltillo esta Semana Santa, más la impunidad y la indiferencia de las autoridades, no solo refleja irresponsabilidad e ineptitud por parte del Presidente; refleja complicidad directa ante sus apoderados y financiadores de campaña quienes, según cifras del Departamento de Estado en Washington, se han adueñado con violencia de más del 35% del país en este sexenio: algo inimaginable si no es que se cuenta con la bendición y el visto bueno del inquilino en  Palacio Nacional.

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