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El primer ministro peruano Alberto Otárola declaró en una investigación preliminar fiscal por “genocidio”, tras las muertes ocurridas durante las protestas.
Las movilizaciones continúan más de un mes después para exigir elecciones adelantadas y la renuncia tanto de la presidenta Dina Boluarte como de los miembros del Parlamento.
Las protestas han dejado al momento 56 muertos y más de 900 heridos, según la Defensoría del Pueblo.
Casi todos los fallecidos son civiles. La mayoría recibió proyectiles por arma de fuego.
La indagación está a cargo de la fiscal general Patricia Benavides. El genocidio es castigado con una pena mínima de 20 años de cárcel.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó la semana pasada al gobierno de Perú a realizar una investigación imparcial, tras recibir denuncias por exceso de fuerza y el resultado de las autopsias realizadas por la dirección de medicina legal en las que encontraron disparos en la cabeza y en el tórax de personas fallecidas.
Boluarte ha dicho que apoya un plan para adelantar a 2024 las elecciones presidenciales y legislativas previstas para 2026. Pero muchos de los inconformes dicen que no hay diálogo posible con un gobierno que, según ellos, ha desatado tanta violencia.
Con información de AP
