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El gobierno del Perú ha decidido expulsar al embajador de México en ese país y le ha dado 72 horas para abandonar el territorio peruano. Esto se debe a que el gobierno mexicano le ha dado asilo político a la familia del destituido mandatario Pedro Castillo, lo que el gobierno peruano ha interpretado como una injerencia en sus asuntos internos y una violación del principio de no intervención.
La ministra de Relaciones Exteriores peruana, Ana Cecilia Gervasi, ha anunciado que esta decisión se ha tomado debido a las “reiteradas expresiones” de las “más altas autoridades” mexicanas sobre la situación política del Perú las cuales califica de inadmisibles.
El gobierno peruano ha dado un salvoconducto a la esposa de Castillo, Lilia Paredes, y a sus dos hijos menores cumpliendo así con las obligaciones sobre asilo político de la Convención de Caracas.
Sin embargo, el gobierno peruano ha comunicado a México que Paredes está siendo investigada por la Fiscalía de Perú por presuntos delitos de corrupción y llegado el momento podría pedir su extradición en caso de que las autoridades judiciales de Perú lo requieran.
Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento por parte de las autoridades mexicanas.
