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El Parlamento de Japón promulgó este sábado una ley para restringir las solicitudes dolosas de donaciones de grupos religiosos y de otro tipo. La medida dirigida principalmente contra la Iglesia de la Unificación, cuyas tácticas de recaudación de fondos y estrechos lazos con el partido gobernante han causado la indignación pública.
Los vínculos que el grupo religioso con sede en Corea del Sur ha tenido durante décadas con el Partido Liberal Democrático, en el poder en Japón, salieron a la luz tras el asesinato en julio del exprimer ministro Shinzo Abe.
El primer ministro Fumio Kishida intentó calmar el descontento público derivada de su manejo del escándalo y ha reemplazado a tres ministros del gabinete, otro por un desatino relacionado con la pena capital y un tercero por problemas de financiamiento político.
La nueva ley, aprobada durante la sesión parlamentaria de clausura de este año, permite a los creyentes, otros donantes y sus familias buscar la devolución de su dinero y prohíbe a los grupos religiosos y otras organizaciones solicitar efectivo mediante coacción, amenazas o la vinculación de donaciones a la salvación espiritual.
Kishida describió los casos de sufrimiento de exmiembros de la iglesia como espantosos y elogió la ley, a la que se refirió como un esfuerzo bipartidista para ayudar a las víctimas y sus familias.
La aprobación de la ley fue una de las principales prioridades de Kishida que incluyen la nueva estrategia de seguridad nacional y la política de defensa a fin de lograr un refuerzo sustancial de las fuerzas armadas del país en los próximos cinco años.
Con información de AP
