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México ha dado un paso atrás al avanzar en la militarización de la seguridad pública y alejarse de un enfoque basado en derechos humanos. Así lo denunciaron al unísono el viernes la ONU y otras entidades nacionales e internacionales.
Las organizaciones coincidieron en lamentar los cambios legales aprobados por el Senado durante la madrugada que dejan a la Guardia Nacional bajo mando militar a pesar de que ese cuerpo creado en 2019 se puso en marcha, precisamente, para tener una renovada fuerza civil que permitiera que los militares fueran poco a poco dejando las labores policiales y regresaran a los cuarteles.
Pero tres años después, la Guardia, que ya estaba integrada en un 80% por miembros del ejército y la marina, queda ahora controlada operativa y administrativamente por el Secretario de la Defensa, algo que la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, calificó como un “retroceso en seguridad pública” que implica dejar a México sin una fuerza policial civil nacional con la cual enfrentar la persistente violencia.
La Policía Federal fue disuelta en 2019 al ser considerada muy corrupta. Algunos de sus elementos se integraron a la Guardia Nacional.
Con las nuevas leyes, este cuerpo, además de depender del jefe del ejército, tendrá más atribuciones de investigación e inteligencia y estará cobijado bajo la justicia militar.
Tanto organizaciones civiles como miembros de los partidos de oposición ya han anunciado que recurrirán a las leyes ante la Suprema Corte de Justicia por inconstitucionales ya que la Carta Magna mexicana se reformó en 2019 precisamente para garantizar el carácter civil de la guardia.
Con información de AP
