La desaparición de los normalistas de Ayotzinapa fue un crimen de Estado, y no hay indicios de que puedan estar con vida.
Así lo informó este jueves la Comisión de la Verdad creada para esclarecer el caso.
El subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas informó que el Gobierno ofreció a Tomás Zerón, el más alto exfuncionario involucrado en el caso, un acuerdo para que colabore con la justicia a cambio de información que pueda esclarecer los hechos y el destino de los jóvenes de quienes, afirman, no se ha encontrado ningún indicio que indique que puedan seguir con vida.
Zerón, que se encuentra prófugo en Israel acusado de tortura y desaparición forzada, no aceptó la oferta. pero el gobierno sigue en contacto con sus abogados. Este exfuncionario es considerado el artífice de la versión oficial del gobierno de Enrique Peña Nieto, que tanto un grupo de expertos internacionales como la actual Fiscalía ha demostrado que fue falsa.
Encinas subrayó que los nuevos documentos confirman que se trató de un “crimen de Estado”, en el que están involucrados funcionarios de todos los órdenes de gobierno y que el ejército es responsable, al menos, de no impedir las desapariciones.
Uno de los jóvenes desaparecidos era un soldado infiltrado a quien no buscaron aunque tenían información en tiempo real de su situación.
Tráfico de heroina, detrás de la noche de Iguala
El subsecretario ofreció también datos que reavivan la hipótesis de que el tráfico de heronia que se realizaba en esa región pudo estar en el epicentro del crimen.
Según explicó, se confirmó que un autobus sin pasaje libró esa noche al menos 16 retenes y “nunca fue detenido” aunque, según los mensajes interceptados, ahí se encontraba “la mercancía”. “Y la mercancía es o droga o dinero”, indicó.
El 26 de septiembre de 2014 policías de Iguala, en el estado de Guerrero, capturaron a un grupo de estudiantes de la escuela Normal Rural de Ayotzinapa con la participación de otras corporaciones de seguridad y delincuentes.
Según la versión del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada “verdad histórica”, los jóvenes fueron entregados al crimen organizado, que los asesinó, incineró los 43 cuerpos en un basurero de un municipio vecino -Cocula- y tiró los restos a un río cercano.
Tanto los informes de un grupo de expertos internacionales como los presentados por la actual fiscalía mexicana, corroborados ahora por la Comisión de la Verdad, negaron la versión del basurero, aunque confirmaron la identificación de tres estudiantes a través de restos óseos calcinados. Aseguraron que funcionarios federales había torturado a testigos y manipulado pruebas para obstruir la acción de la justicia.
Con información de AP
