Este año, la Guardia Nacional llega a 113 mil elementos, se espera que a finales del año sean 140 mil efectivos que protejan a la ciudadanía y combatan los delitos y a los criminales en el territorio nacional.
Esto la hace la corporación policial más grande de México, sólo la policía de la CDMX con casi 90 mil policías se le acerca. De éstos, solo 26 mil hacen labores de seguridad pública, el resto se divide en Policía Auxiliar y Bancaria con funciones de vigilancia en instalaciones, sin trabajar directamente en prevenir y combatir la inseguridad en las calles de la ciudad.
La GN tiene el mayor presupuesto que jamás hubiera soñado ninguna corporación de seguridad, 72 mil 800 millones de pesos que, si lo sumamos al presupuesto de Sedena de 104 mil millones de pesos y Semar 32 mil millones de pesos, hacen que el presupuesto para apoyos a la seguridad pública estatal y municipal se vea ridículo, meramente 8 mil millones de pesos que se reparten de manera discrecional, sin reglas claras de criterios para la asignación de recursos.
Todas las policías del país deben por ley certificar a sus policías y funcionarios dedicados a labores de seguridad y justicia. Esta certificación la regula el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que es el organismo que rige y supervisa esta tarea.
El secretariado formula, ejecuta, da seguimiento y evalúa las políticas, programas y estrategias en materia de seguridad pública. Establece los procedimientos de selección, ingreso, formación, capacitación certificación y registro de los servidores públicos en las instituciones de seguridad pública del país.
Todos los elementos de seguridad pública estatales o municipales, así como sus mandos, deben certificarse para poder laborar en sus corporaciones. La no certificación del elemento le impide portar un arma de fuego, ya que la Sedena prohíbe a los estados y municipios armar a policías que no estén certificados.
Esta certificación conlleva análisis de personalidad, éticos, socioeconómicos, médicos y toxicológicos. Tiene como objeto reconocer las habilidades y destrezas, conocimientos generales y específicos de las leyes y labores policiales, así como identificar los factores de riesgo que puedan interferir o pongan en peligro el desempeño de los funcionarios públicos.
Estos exámenes son muy rigurosos y completos, no es un detalle menor el pedir que los policías que salen a la calle para interactuar con el ciudadano tenga un mínimo de capacitación y aptitudes probadas para desempeñar mejor su trabajo.
Esta certificación permite identificar a elementos que física o mentalmente no son idóneos para realizar funciones en seguridad pública, y de esta manera evitar en lo posible que malos elementos ingresen o permanezcan en las instituciones.
La Guardia Nacional habría certificado hasta finales del año pasado al 21 por ciento de sus elementos, y si tomamos en cuenta que ese es el porcentaje aproximado de elementos que aún queda de la extinta Policía Federal podemos entender este número.
El otro 79 por ciento de sus elementos no cuenta con la Certificación Única Policial que los obliga la ley.
El 28 de mayo del 2021 se cumplía el plazo para que la GN tuviera certificados a todos sus elementos y no lo logró.
Para evitarse más problemas el Consejo Nacional de Seguridad Pública ha ampliado la fecha límite de certificación para la GN al 31 de mayo del 2024, y así permitir que esta corporación siga sin cumplir un requisito indispensable y obligatorio para todas las corporaciones policiales del país.
¿Por qué?
Esta corporación no apuesta a un modelo policial donde las aptitudes y capacidades de sus elementos puedan ser medidas profesionalmente, no quiere que así sea. Ellos prefieren que soldados y marinos se vuelvan policías con la formación, capacidades y aptitudes que ellos determinan; prefieren elementos aptos físicamente sin evaluarlos en todas las demás áreas.
Esta es la policía nacional a la que está apostando este gobierno
Se hace a un lado la formación de perfiles profesionales tan necesarios en la interacción diaria con los ciudadanos y se elige las capacidades de soldados y marinos sin intentar volverlos policías. Es el triunfo de una visión vertical y de una aproximación a la seguridad pública que no está dando resultados.
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