La Fiscalía General de la República (FGR) investiga a la directora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), María Elena Álvarez-Buylla.
La titular del máximo órgano académico del país fue denunciada desde hace más de un año por desacato a un mandato judicial.
La carpeta de investigación fue iniciada en octubre de 2020, pero fue hasta de junio que la FGR solicitó diversos documentos al juez Gabriel Regis López, quien denunció a la funcionaria, para integrarlos al expediente.
Derivado del desconocimiento que realizó el Conacyt de la relación jurídica con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, los integrantes de la mesa directiva de éste tramitaron un amparo.
El juicio fue admitido en septiembre de 2019 por el juez Decimosexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Gabriel Regis López.
El juez concedió una suspensión para que el Conacyt entregue recursos al foro para seguir operando mientras se resolvía el amparo.
Sin embargo, por varios meses el Conacyt no entregó los recursos y en marzo de 2020 el juez ordenó dar vista al Ministerio Público para investigar a Álvarez-Buylla Roces.
Según los estrados judiciales, hasta la fecha el juez de Amparo no ha podido remitir las constancias que le fueron requeridas por la FGR.
Los recursos de revisión a los que se refiere fueron resueltos el pasado 14 de julio por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En su sentencia, la Suprema Corte determinó que es legal que el Conacyt entregue recursos al fondo hasta el ejercicio 2019.
Pese a que existe esta determinación, la FGR ha insistido en que la constitución del foro y la transferencia de recursos del Conacyt al mismo, al menos de 2013 a 2018, son ilegales.
La FGR ha intentado en dos ocasiones obtener órdenes de detención contra 31 exintegrantes del Conacyt y del foro.
Los 31 científicos y ex funcionarios son investigados por peculado, lavado de dinero, uso ilícito de atribuciones y facultades y delincuencia organizada.
Con información de El Universal
