A siete años del suceso ocurrido la noche del 26 de septiembre y madrugada del 27, en Iguala, Guerrero, el avance es poco para encontrar a los normalistas de Ayotzinapa.
El vocero de los padres de familia de los 43, Melitón Ortega, informó que exigen una respuesta para acabar con el dolor, la desesperación y rabia; además, reiteró que el trabajo de la nueva administración no es suficiente.
“Esa demanda aún está muy lejos de resolver, de encontrar a los 43. El gobierno no ha tenido esa capacidad de trabajar con prontitud. Es un tema que no solucionan con diálogo, disposición ni buena voluntad, porque el dolor sigue ahí; la familia sigue esperando algo nuevo”
Aunque gracias a la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia se dio con los restos de dos de los desaparecidos: Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre en la Barranca de la Carnicería, aún hay obstáculos.
En un encuentro en el CUCSH de la Universidad de Guadalajara, el abogado defensor de familiares de los 43 desaparecidos, Vidulfo Rosales Sierra lamentó que a siete años aún no se esclarece lo ocurrido.
“Hay 40 órdenes de aprehensión que no se han ejecutado por omisión de la Agencia de Investigación Criminal, pues ha dilatado la ejecución; estamos hablando de seis meses que no se han ejecutado. Esas son personas que podrían aportar información sustancial… No hay una solidez que dé cuenta de forma exhaustiva. Un obstáculo es que en el 27 Batallón de Infantería de Iguala, que tuvo relación, hay un hermetismo de que sus miembros sean investigados”.
La doctora Carmen Chinas Salazar, investigadora del CUCSH, recordó que gracias a los trabajos de investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertas y Expertos Independientes (GIEI) y el Equipo Argentino de Antropología Forense, se desmintió la verdad histórica, construída por el gobierno de Enrique Peña Nieto.
En el informe de estos comités, también se señalan omisiones e intervenciones para malear la investigación, como el hecho de que la “la PGR nunca reconoce que hay desaparición forzada; ellos lo llaman secuestro agravado, que tienen determinantes para minimizar los hechos, los cargos”, dijo.
Recientemente se dio a conocer que el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios realizados a testigos del caso Ayotzinapa, en donde funcionarios públicos torturaron a informantes que presuntamente estaban involucrados en el caso.
Lamentó que lo ocurrido en Iguala, se ha repetido sistemáticamente en todo el país, donde policías municipales están involucrados en casos de desapariciones forzadas.
Una batalla por la narrativa y vida cotidiana
El doctor Santos Urbina, profesor investigador del CUCSH, recalcó que esta tragedia “es una muestra de la dimensión que había alcanzado el estado de descomposición del modelo impuesto, que fue el neoliberal”.
Para el académico del CUCSH Oscar López, el caso de los de Ayotzinapa reforzó tejidos sociales a escala barriales, no sólo por la apropiación de los espacios públicos y las redes sociales, sino a nivel cultural y artístico con murales, congresos de lectura, charlas con los padres de los jóvenes y más.
“Es una batalla por la narrativa y la vida cotidiana. Tanto así que muchos de estos lemas propios del movimiento ‘Ayotzinapa somos todos’ se volvió parte del léxico de indignación: ‘Fue el estado’, ‘Narcoestado’, ‘Ni uno más’, ‘Vivos se los llevaron, vivos los queremos’”, detalló.
Con información de la Universidad de Guadalajara
