A un año del vergonzoso “culiacanazo”, luego de ir a rendirle pleitesía al crimen organizado nada menos que en la cuna del Chapo Guzmán con el pretexto de ir a inaugurar una obra pública menor—el tramo carretero de Badiraguato (Sinaloa) a Guadalupe y Calvo (Chihuahua)—y previo a sus muy acostumbradas visitas a Nayarit, el presidente López insistió en alentar a participar en su llamada Consulta Popular para enjuiciar a expresidentes el 1 de agosto, con un costo que rebasa los 258 millones de pesos en plena pandemia y con tercera ola de contagios a la alza, no sin dejar de tildar de “antidemócratas” a los que no piensan participar en la misma:
“Entonces hay que ir a votar a la consulta, quienes están llamando a no participar no son demócratas o nada más son demócratas cuando les conviene”, espetaba el titular del Ejecutivo Federal durante su rueda de prensa matutina celebrada en Culiacán, Sinaloa.
Con una farsa de consulta presidencial se vende la idea de juzgar a todos los expresidentes vivos (excepto al genocida Luís Echeverría, mentor de López) con casos-ejemplo no menos risibles, precisamente por la ausencia de verdaderos responsables: a Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo, con el fraude electoral de 1988, pero no a su principal operador político a quien se premió con la cartera de Comisión Federal de Electricidad este sexenio.
Ante el fracaso inminente de esta nueva cortina de humo que se extiende para ignorar los problemas nacionales o incluso crímenes recientes como el de los implicados en la Línea 12 del metro y la debida atención a sus víctimas, los dirigentes del partido oficial se preparan para culpar al INE, sin reparar que esta institución solo cumple con el mandato constitucional de contar los votos y dar a conocer los resultados.
No deja de ser decepcionante que en lo que respecta a la inauguración de un ejercicio democrático que en su esencia natural sería algo bueno, este habrá de ser instaurado de manera histórica e histriónica como teatro para consumo de los más ingenuos, y en donde no habrá consecuencia alguna de la participación en la misma; ni siquiera el enjuiciamiento a los expresidentes.
Sin embargo, lo más grave lo es sin duda el que se someta a juicio no a los responsables de algún crimen imaginario o ficticio sino la aplicación de la Ley.
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