Amnistía Internacional y otras organizaciones activistas cuestionaron la actuación de la Fiscalía General de la República en el caso del espionaje telefónico. Este caso está vinculado al malware Pegasus.
Los manifestantes exigieron a las autoridades la aprobación de normas que combatan ese tipo de actividades y controlen la compra e importación de esa tecnología.
A cuatro años de las primeras denuncias realizadas en México sobre espionaje telefónico, AI y las organizaciones activistas Article 19, Consorcio Oaxaca, y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan expresaron inquietud.
Lo anterior debido a la labor de la Fiscalía e insistieron en que se deben divulgar los contratos suscritos con la organización israelí.
El activista Vladimir Cortés, de la organización Article 19, manifestó preocupación por la actitud de la Fiscalía General, a la que señaló:
“Modelar una especie de simulación para fingir que se está cumpliendo con sus labores de investigación, transparencia y revisión de cuentas cuando en realidad su actuación ha mostrado ser insuficiente e incapaz”.
Tras reconocer que no hay certeza de que las prácticas de espionaje telefónico hayan cesado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la directora ejecutiva de AI México, Edith Olivares, exigió a las autoridades la divulgación de los contratos de Pegasus, así como de otros de ese tipo.
Olivares exhortó al gobierno de López Obrador a que reconozca que hubo violación a los derechos humanos, asuma “su responsabilidad como Estado”.
“Necesitamos una legislación adecuada, respetuosa de los derechos humanos, que nos garantice a todas las personas que no vamos a ser espiadas”, precisó.
Con información de AP
