Las integrantes de un grupo de voluntarias que buscan los cadáveres de familiares asesinados están empezando a ser blanco de los asesinos, un giro que pone a prueba las promesas del gobierno de ayudarlas a recibir el consuelo de poder enterrar a las víctimas.
Las mujeres abocadas a esta tarea dicen que reciben amenazas y son vigiladas, probablemente por la misma gente que mató a sus hijos, hermanos y maridos.
Pero ahora las amenazas dieron paso a las balas, dirigidas a estas mujeres, que han resultado ser mucho más efectivas que las autoridades en la detección de fosas clandestinas y sitios donde queman a las víctimas, de los que se cree que hay miles. Dos buscadores fueron asesinados en los últimos dos meses.
Aranza Ramos llevaba un año buscando a su marido, Bryan Celaya Alvarado, desaparecido el 6 de diciembre del 2020. Es hoy una de los 87.855 desaparecidos que hay en México. Se cree que la mayoría fueron asesinados por los carteles de las drogas y sus cuerpos fueron enterrados o quemado.
En un terreno conocido como Ejido Ortiz, en el estado de Sonora, fronterizo con Estados Unidos, que Ramos fue asesinada el 15 de julio, mientras buscaba a su marido.
Las autoridades del estado de Sonora dijeron que ofrecerán custodias a las buscadoras que se cree corren peligro. También se comprometieron a enviar equipos de excavación a los sitios que detectan las buscadoras en un plazo de tres a cinco días. Pero parecen más interesadas en evitar repercusiones negativas y convencieron a las buscadoras de que no tomen fotos de las fosas.
El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un comentario ambiguo cuando se le preguntó por el asesinato de Ramos.
“Vamos a seguir protegiendo a todas las mujeres”, expresó. “Condenamos estos crímenes”.
Serie de hechos violentos
Ramos no fue la primera persona abocada a la búsqueda de desaparecidos asesinada. El 30 de mayo, otro activista, Javier Barajas Piña, fue baleado en el estado de Guanajuato, el más violento de México.
Y dos periodistas fueron asesinados en Sonora en dos meses. El jueves, el periodista Ricardo López fue abatido a tiros en un estacionamiento de Guaymas, la ciudad donde mataron a Ramos.
En total, 68 activistas defensores de los derechos humanos y del medio ambiente fueron asesinados desde que asumió López Obrador.
Las buscadoras siempre han tenido miedo. Van a parajes remotos, sitios abandonados donde se cometen crímenes terribles. Pero hasta ahora no había pasado nada y tendían a gnorar las amenazas.
Con información de AP
