Las protestas contra el presidente Jair Bolsonaro se extendieron por todo Brasil el sábado, un día después que el Supremo Tribunal Federal autorizara una investigación penal a su respuesta a las acusaciones de posibles actos de corrupción relacionados con un acuerdo para la adquisición de vacunas contra el coronavirus.
Los manifestantes se reunieron en cientos o miles en más de 40 ciudades del país para exigir un juicio político en contra del mandatario o para demandar un mayor acceso a las vacunas contra el COVID-19.
“Si guardamos un minuto de silencio por cada muerto por COVID, estaríamos callados hasta junio de 2022”, se leía en la pancarta que sostenía un hombre en Belém, capital del estado de Pará. Más de medio millón de brasileños han muerto de COVID-19, según datos oficiales.
En su decisión del viernes, la jueza Rosa Weber, Supremo Tribunal Federal, señaló que la pesquisa se sustenta con una declaración reciente en una comisión del Senado que investiga el manejo de la pandemia de COVID-19 por el gobierno.
Los fiscales investigarán si Bolsonaro cometió el delito de “prevaricación”, que implica demorar o abstenerse de una acción requerida como parte del deber de un funcionario público por motivos de interés personal. Weber no descartó la posibilidad de investigar otros posibles delitos.
Bharat ha negado haber cometido delito una falta respecto al suministro de vacunas. Bolsonaro, a su vez, ha negado haber cometido delito alguno o tener conocimiento de corrupción y dijo a la prensa el 28 de junio que no puede saber lo que ocurre en todos sus Ministerios.
Con información de AP
