Por: Tomás Briones
Entre jueves y viernes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo por segunda ocasión en Tamaulipas, desde que asumió su cargo y ahora, a diferencia de lo que sucedió entonces, el ambiente político es diferente.
Pasó de una aparente cordialidad a un enfrentamiento que, aunque suave, tiene como trasfondo la lucha por el control político de uno de los estados más importantes desde el punto de vista económico para el país.
Tamaulipas es un estado energético con enorme potencial. En los últimos cuatro años ha recibido inversiones privadas por más de 5 mil millones de pesos y hasta que la auto llamada Cuarta Transformación impuso en su agenda legislativa límites a la participación empresarial, tenía estimaciones y compromisos en proyectos por otros 40 mil millones en las siguientes dos décadas.
En lo económico, posee dos de los puertos de altura más destacados y la mayor cantidad de cruces fronterizos. Cuenta con la mayor franja fronteriza con Estados Unidos a través de Texas. El sector petroquímico alberga las inversiones privadas más importantes de México y una de las seis refinerías nacionales. En lo político, el estado es, también, uno de los que están fuera del control del Presidente.
Los antecedentes de la disputa se entienden por el activismo político que comenzó a tener desde hace varios meses el gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, quien asumió uno de los roles protagónicos en un bloque opositor que se fue decantando con la participación de los mandatarios del noreste: Miguel Riquelme de Coahuila y Jaime “El Bronco” Rodríguez Calderón, para demandar la entrega de recursos extraordinarios para enfrentar los efectos de la pandemia por Covid-19 y después, agregaron la exigencia de equidad fiscal en el reparto de las participaciones económicas.
Posteriormente se sumaron sus homólogos de Guanajuato, Querétaro, Colima, Jalisco, Baja California Sur, Yucatán, Chihuahua y Michoacán, en lo que se llamó Alianza Federalista y que gradualmente fue aumentando la lista de demandas y el tono con el que se han dirigido al Presidente y respondiendo a lo que consideran son ataques desde el centro.
Antes de Cabeza de Vaca, los embates fueron para Enrique Alfaro de Jalisco, Diego Sinuhé, Francisco Domínguez y Jaime “El Bronco” Rodríguez. Manifestaciones violentas, acusaciones de presuntos vínculos con el caso Odebrecht y el empoderamiento del crimen organizado, además de conflictos en el Congreso nuevoleonés, marcan la ruta del enfrentamiento de la 4T con este que es, el verdadero bloque opositor al proyecto morenista. En el caso de Cabeza de Vaca, los señalamientos van desde presuntos vínculos con el crimen organizado a un hipotético soborno para aprobar la reforma energética, cuando fue senador. En todos los casos, ha respondido públicamente con un tono firme y sin mostrar temor. Inclusive, la semana pasada hizo reclamos al gobierno federal por el trato que da a los estados. Nadie en la 4T acusó recibo de la queja.
En Tamaulipas, Morena tiene 4 de las 43 Alcaldías. Dos de ellas, entre las más importantes del estado. En el Congreso, tiene 10 diputados (uno de mayoría y 9 plurinominales), constituyendo la segunda fuerza política, por debajo del PAN. El partido del Presidente se ha nutrido en sus filas con candidatos provenientes del PRI, excolaboradores en el gobierno y el Legislativo de mandatarios como Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, presos bajo acusaciones de delitos relacionados con el crimen organizado y lavado de dinero.
El PAN, en tanto partido en el poder, ganó en 2016 el gobierno estatal, logrando la alternancia tras 90 años de dominio priísta, se hizo de la mayoría y las principales Presidencias Municipales, así como del control del Congreso, afianzando su fortaleza con el ejercicio del poder y del presupuesto. Las acciones judiciales contra exfuncionarios priístas, ayudó a consolidar el proyecto que muchos ven con futuro hacia 2024 a nivel nacional.
En ese contexto, la presencia del Presidente López Obrador en Tamaulipas debe entenderse como una acción de avanzada durante las semanas previas al inicio de los procesos electorales local y federal de 2021.
La auto llamada 4T quiere aumentar su presencia, consolidar una fuerza que todavía no se manifiesta más allá de unas cuantas diputaciones locales y pocas Presidencias Municipales y, en consecuencia, va a querer echar mano de todos los recursos permitidos para conseguir una mayor simpatía de la gente, lo cual incluye la presencia de su líder moral y, si es necesario, hasta de las instituciones del aparato del Estado que les ayuden a avanzar como sea en el terreno político.
Las cartas que el Presidente tiene para tratar de arrebatar la gubernatura al PAN en 2022 son Rodolfo González Valderrama, director general de RTC y el senador Américo Villareal Anaya, exfuncionario priísta en las dos administraciones encabezadas por el hoy detenido Hernández y Egidio Torre, bajo sospecha por la operación de empresas factureras.
Ambos personajes tienen en la figura presidencial su esperanza de obtener la nominación y un eventual triunfo, pues Morena carece de una estructura seccional y partidaria robusta. Su nivel de conocimiento público es limitado, la presencia en redes sociales tiene apenas unos 6 meses en promedio y además, carecen todavía de alianzas internas para aspirar a realizar una campaña competitiva. El enfrentamiento de diversas facciones internas de militantes y la desconfianza porque se ha dado participación a numerosos expriístas, abona a la dificultad para que por sí mismos, los hasta ahora aspirantes puedan ser vistos como ganadores en las elecciones de 2022.
La suave disputa esconde una brutal lucha que se nota de largo aliento. Es clara la necesidad de Morena por hacerse de más estados en los comicios federales de 2021 y la preparación para tomar el poder estatal en 2022, para afianzar el proyecto de la auto llamada 4T.
Aunque algunos sondeos como los de Demoscopia y Massive Caller dan una ventaja en las preferencias electorales a Morena sobre el PAN, las encuestas se han hecho vía telefónica y sin tomar en cuenta que, por definición, tradición y estilo de vida, los tamaulipecos no suelen expresar abiertamente sus inclinaciones partidistas en un ambiente social en el que la desconfianza por la intervención de grupos criminales, ha influido tanto hasta conseguir el asesinato de un candidato -casi gobernador-, en el corazón político mismo del estado.
Así, de aquí a la fecha de los comicios locales y federales de 2021 y la sucesión gubernamental en 2022, la pelea va a seguir y a subir de tono. Si de aquí a junio la 4T no descabeza a Cabeza de Vaca y el PAN consolida su hegemonía en el estado, difícilmente lo van a parar en la ruta hacia 2024.
