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Amnistía Internacional (AI) ha expresado su preocupación por el “sesgo racista” en el uso de la fuerza por parte de la policía y los militares durante las recientes protestas en Perú.
Según la secretaria general de AI, Agnès Callamard, la mayoría de las víctimas mortales pertenecían a poblaciones indígenas y provenían de entornos socioeconómicos desfavorecidos.
Callamard enfatizó que, a pesar de los intentos del gobierno por estigmatizar a los manifestantes como “terroristas o delincuentes”, la mayoría de los fallecidos eran manifestantes pacíficos, observadores y transeúntes.
Perú experimentó una ola de protestas entre diciembre y febrero, luego de la destitución del expresidente Pedro Castillo, quien intentó cerrar de manera ilegal el Congreso y gobernar por decreto. Durante los enfrentamientos con la policía y el ejército, al menos 49 civiles perdieron la vida, según la Defensoría del Pueblo. Las demandas de los manifestantes incluían la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y una nueva Constitución.
En respuesta a las acusaciones, Boluarte ha negado cualquier abuso por parte de las fuerzas de seguridad y ha afirmado que algunos manifestantes actuaron con violencia, llegando incluso a incendiar edificios públicos y privados. Sin embargo, la presidenta ha sido citada por la fiscalía para comparecer el 31 de mayo y ser investigada por presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”.
Amnistía Internacional ha documentado alrededor de 25 muertes, de las cuales 15 fueron menores de 21 años, muchos de ellos provenientes de familias pobres o indígenas.
