[responsivevoice_button voice=”Spanish Latin American Female” buttontext=”Escuchar”]
Confederaciones, Cámaras y Asociaciones del sector productivo consideran infundada la prohibición de exhibir los productos del tabaco prevista en el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.
Los involucrados indicaron que el reglamento rebasa lo previsto en la Ley y que presenta múltiples violaciones a tratados comerciales, específicamente en materia de protección de inversiones y derechos humanos.
“La Secretaría de Salud excede sus facultades al asumir funciones de legislador y sería la primera vez en el país que por disposición oficial se oculte un producto legal para su venta”.
En el pronunciamiento común se unen la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México, la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac), el Consejo Nacional de la Industria Tabacalera (Conainta) y la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (Antad).
El sector productivo señala que en México el tabaco es legal y está regulado en la Ley General para el Control del Tabaco, por lo que la prohibición de su exhibición no tiene fundamento jurídico ya no es publicidad.
También argumentan que esta es una política poco efectiva para reducir el tabaquismo y sólo se arriesga a un crecimiento en el comercio ilegal y la extorsión a los tenderos por parte del crimen organizado, así como poner en riesgo la economía de millones de pequeños negocios.
Efectos adversos de la prohibición de exhibición
Advirtieron que estas prohibiciones ponen en riesgo dos millones de empleos e impactará en el ingreso de un millón 200 mil tienditas, así como futuras inversiones del país, justo en un momento en el que la economía comienza a recuperarse tras la pandemia.
El sector productivo explicó que la exhibición tiene un fin y características distintas a la publicidad, debido a que es informativa para el consumidor, por tanto, “ningún producto legal tendría la misma imposibilidad de ser exhibido en los puntos de venta, pero sí dejará a los productos de tabaco legales en igualdad de circunstancias de la industria ilegal”, la cual equivale ahora a 20 por ciento del consumo nacional.
Adicional a las afectaciones económicas, se advirtió que este Reglamento pone en riesgo las actividades de Responsabilidad Social Empresarial que significan un apoyo significativo a los trabajadores de los campos de tabaco mexicano.
Por su parte, la industria restaurantera manifestó su preocupación ante los nuevos cambios que impiden servir alimentos y/o bebidas en áreas de fumadores.
“Esta regulación genera inseguridad jurídica y desconoce las cuantiosas inversiones realizadas por restaurantes para adecuar las zonas para fumadores y cumplir con el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco de 2009”.
Comentaron que pone en desventaja, además, a los establecimientos que no cuentan con la liquidez para llevar a cabo estas adecuaciones.
Por otra parte, señalaron que no existe ninguna justificación sanitaria para que el Reglamento prohíba la prestación de servicios o consumo de alimentos o bebidas en las zonas exclusivamente para fumar.
Esto debido a que los establecimientos mercantiles se verán imposibilitados de cumplir con la obligación, “sin sustento técnico”, de que se permita únicamente fumar en espacios al aire libre sin techo ni paredes, que estén ubicados en un cerco perimetral de al menos 10 metros de entradas, accesos o salidas.
Además, indicaron que la nueva regulación genera inseguridad jurídica y desconoce las inversiones realizadas por restaurantes para adecuar las zonas para fumadores y cumplir irrestrictamente con el Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco de 2009.
“Existen medidas alternativas menos restrictivas e igualmente idóneas para proteger el derecho a la salud sin violentar el desarrollo de la libre personalidad y elección del consumidor, mismo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que no puede ser limitado”.
Las Confederaciones, Cámaras y Asociaciones del sector productivo pretenden exhortar a las autoridades sanitarias a que respeten el Estado de Derecho, y reconsidere las políticas prohibicionistas que les han impuesto a los pequeños negocios.
Aseguraron que esto es porque las prohibiciones servirán poco para proteger la salud de la población y solo fomentarán canales de comercio ilícito, extorsiones, corrupción y mercado negro.
“Para tener un Estado de Derecho es necesario que todas las partes respeten la Ley. La industria hará lo necesario cumplir, por lo que solicitamos que el gobierno se adhiera a sus propios procesos y mecanismos de transparencia. De lo contrario, se da pie al comercio de productos ilegales y se genera un impacto socioeconómico en los pequeños negocios y, por ende, en los empleos que estos generan”.
