La Justicia de Estados Unidos imputó formalmente al expresidente cubano Raúl Castro por los delitos de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de aeronaves. Los cargos penales presentados se derivan de los hechos ocurridos hace 30 años, cuando se registró el derribo de dos avionetas civiles de la organización Hermanos al Rescate, evento que causó la muerte de cuatro aviadores.
El Departamento de Justicia radicó el expediente en la corte federal del Distrito del Sur de Florida. La acusación formal señala que Castro ordenó la acción militar en 1996 en su calidad de ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), lo que lo posicionaba en la cúspide de la cadena de mando. Las víctimas del incidente fueron identificadas como los ciudadanos estadounidenses Carlos Costa, Armando Alejandre y Mario Manuel de la Peña, así como el residente legal Pablo Morales, quienes operaban las aeronaves para auxiliar a balseros que intentaban salir de Cuba.
Militares involucrados y dictamen internacional
La Fiscalía estadounidense incluyó en el mismo pliego acusatorio a otros integrantes del cuerpo militar cubano presuntamente implicados en el operativo:
- Emilio José Palacio Blanco
- José Fidel Gual Barzaga
- Raúl Simanca Cárdenas
- Luis Raúl González-Pardo Rodríguez
- Lorenzo Alberto Perez-Perez
El Gobierno de Cuba sostuvo en su defensa que los pilotos de la organización civil eran considerados “terroristas” y que los aparatos volaban dentro de su espacio aéreo nacional. No obstante, una investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) determinó que el ataque y posterior derribo se concretaron en espacio aéreo correspondiente a aguas internacionales.
Contexto político y presiones diplomáticas
La divulgación de la acusación contra el exmandatario de 94 años de edad aconteció de forma previa a un acto encabezado por el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, en la Torre de la Libertad de Miami, sede emblemática del exilio cubano. Diversos sectores de esta comunidad habían solicitado de manera reiterada al presidente Donald Trump la formulación de estos cargos con la finalidad de incrementar la presión diplomática sobre el gobierno de La Habana.
Hasta el momento, los documentos de la corte federal no especifican los mecanismos que implementarían las agencias estadounidenses para ejercer la captura de Raúl Castro ni la penalidad exacta que alcanzaría en caso de una sentencia condenatoria.
El dictamen judicial trasciende en un periodo donde la administración estadounidense mantiene medidas coercitivas hacia la isla, que incluyen un bloqueo petrolero, sanciones directas al grupo empresarial militar Gaesa y al liderazgo gubernamental. Dichas disposiciones, ligadas a la detención en enero del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas —principal socio comercial del país antillano—, han acentuado las problemáticas de suministro energético y desabasto de crudo en Cuba.
