En una resolución sin precedentes dentro del Mecanismo de Respuesta Rápida (MRR) del T-MEC, un panel internacional determinó que la minera Camino Rojo, ubicada en Mazapil, Zacatecas, es responsable directa de injerencia patronal. La investigación confirmó que la empresa utilizó a grupos delictivos para intimidar a los empleados y violentar su libertad sindical.
El fallo documenta que la compañía canadiense Orla Mining, propietaria de la unidad, no solo fue omisa ante las denuncias, sino que permitió actos de violencia para forzar a los trabajadores a abandonar la sección 335 del Sindicato Nacional Minero, liderado por Napoleón Gómez Urrutia.
Violencia armada y amenazas de muerte
De acuerdo con el informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos, las evidencias recabadas por los panelistas son contundentes: la mina contrató a personas vinculadas con el narcotráfico para irrumpir en asambleas sindicales.
Los trabajadores denunciaron haber sido víctimas de:
- Amenazas de muerte en sus propios domicilios.
- Interrupción de reuniones por parte de personas armadas.
- Coacción para afiliarse a un gremio de “protección” vinculado a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes.
A pesar de la gravedad de los hechos, el panel señaló que la matriz canadiense mantuvo un silencio cómplice y no realizó investigaciones internas para frenar las agresiones que provenían tanto de contratistas como de personal de la propia empresa.
Gobierno de México rechaza el fallo del panel
En una postura que ha generado controversia, las secretarías de Economía y del Trabajo y Previsión Social (STPS) de México rechazaron la determinación. El gobierno mexicano argumentó que el panel “excedió sus alcances” al analizar conductas de naturaleza penal que, a su juicio, no pueden atribuirse directamente a la minera.
Las dependencias mexicanas exigieron un “umbral de prueba más alto”, argumentando que no se demostró un vínculo legal estricto entre los autores materiales de las amenazas y la responsabilidad de la empresa. Sin embargo, el panel aclaró que el MRR juzga la denegación de derechos laborales y no cargos criminales contra el Estado.
Un precedente para el sector minero
Nahir Velasco, coordinador jurídico del Sindicato Minero, subrayó que este caso marca un antes y un después en la justicia laboral.
“Este caso sienta un precedente muy fuerte contra Orla Mining. Cuando no tienes derechos humanos ni seguridad, no puedes ejercer tu libertad sindical”, afirmó.
¿Qué sigue para la minera?
Como parte de la resolución, se ha planteado un plan de remediación que incluye:
- Reinstalación inmediata de trabajadores despedidos injustificadamente.
- Pago de indemnizaciones por daños y perjuicios.
- Garantizar el libre acceso de los mineros de la sección 335 a la unidad.
De no cumplirse estas medidas o en caso de reincidencia, la empresa canadiense podría enfrentar sanciones severas, incluyendo la imposición de aranceles a sus exportaciones bajo las reglas del T-MEC.
