La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) logró un golpe jurídico contra la impunidad en la administración pública al obtener la vinculación a proceso de Dionisio Emanuel “N”, exdirector del Fideicomiso del Lago de Tequesquitengo (Filateq). Se le acusa de un presunto desvío de 19 millones de pesos cometido durante el periodo gubernamental 2018-2024.
En la audiencia celebrada este lunes, un Juez de Control determinó que existen elementos suficientes para procesar al exfuncionario por los delitos de peculado agravado, ejercicio ilícito del servicio público y ejercicio abusivo de funciones. Ante el riesgo de evasión y la gravedad de las imputaciones, se dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.
El “boquete” financiero en Tequesquitengo
De acuerdo con las indagatorias de la FECC, Dionisio Emanuel “N” habría utilizado su posición jerárquica en el Filateq para desviar recursos destinados al desarrollo y mantenimiento de la zona turística del “Mar de Morelos”. Los 19 millones de pesos sustraídos representan un severo detrimento económico para la institución fiduciaria, afectando proyectos de infraestructura y promoción en la región sur del estado.
El juzgador otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, tiempo en el que la Fiscalía y la defensa aportarán pruebas definitivas antes del juicio oral.
Acumula procesos: De Cuautla a Filateq
Cabe destacar que esta no es la primera imputación que enfrenta el exservidor público. Dionisio Emanuel “N” ya se encontraba internado en el Centro de Reinserción Social (Cereso) Morelos, ubicado en Atlacholoaya, Xochitepec.
Previamente, se le cumplimentó una orden de aprehensión por delitos similares (peculado y ejercicio abusivo de funciones) cometidos en agravio del Ayuntamiento de Cuautla. Con esta nueva vinculación, el exdirector suma carpetas de investigación que complican su situación jurídica, marcando un precedente en la fiscalización de los fideicomisos estatales.
Presunción de inocencia
Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el imputado se presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional.
