En un movimiento calificado por el oficialismo como “audaz”, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, defendió este lunes la reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos. El proyecto busca flexibilizar el control estatal sobre la industria, ofreciendo seguridad jurídica y reducciones de regalías para atraer capitales internacionales en un momento crítico para la soberanía energética del país.
Apertura económica y “Seguridad Jurídica”
Durante una reunión con legisladores y representantes de compañías petroleras extranjeras, Rodríguez aseguró que la nueva normativa está adaptada a las prácticas internacionales. El objetivo principal es permitir un incremento acelerado en la producción, que actualmente se encuentra lejos de su potencial histórico.
“Es una ley clara… respetuosa de la soberanía”, afirmó la mandataria, enfatizando que Venezuela no aceptará órdenes externas, en clara alusión a los esfuerzos del gobierno de Donald Trump por intervenir en la administración de los recursos venezolanos tras la captura y deposición de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.
El fin de una era: “El petróleo bajo tierra no sirve”
El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, lanzó un mensaje contundente a los aliados de izquierda que critican la apertura: “No hay nada más revolucionario que la transformación”. El legislador fue pragmático al señalar que se requieren miles de millones de dólares para alcanzar la meta de producir cinco millones de barriles diarios, fondos que el Estado venezolano no posee actualmente.
Puntos clave de la reforma:
- Flexibilización del control estatal: Se reduce el dominio absoluto que PDVSA mantenía desde la era de Hugo Chávez.
- Incentivos fiscales: Se plantea rebajar el pago directo de regalías para hacer atractivos los campos maduros o nuevos que hoy no producen.
- Seguridad para transnacionales: Un intento por evitar litigios como los que en el pasado alejaron a gigantes como ExxonMobil.
Contexto: Las reservas más grandes del mundo
Venezuela posee reservas estimadas en 303,000 millones de barriles, las más grandes del planeta. Sin embargo, la infraestructura ha sufrido años de desinversión y sanciones. Tras la intervención de fuerzas estadounidenses y el derrocamiento de Maduro, el control de la refinación y distribución global de los productos venezolanos se ha convertido en el eje de una disputa directa con Washington.
Esta reforma revierte el modelo de 2006 impuesto por Hugo Chávez, quien nacionalizó la industria. Ahora, el gobierno de transición parece dispuesto a sacrificar el control total a cambio de la supervivencia económica y operativa de su principal fuente de ingresos.
