La Fiscalía General de Honduras solicitó la ejecución de una orden de captura contra el expresidente Juan Orlando Hernández por los delitos de lavado de activos y fraude relacionados con el caso conocido como Pandora II.
La orden judicial, emitida en 2023 por un juez de la Corte Suprema, recobró vigencia tras el indulto que recibió el exmandatario en Estados Unidos, donde cumplía una sentencia por narcotráfico. El fiscal Johel Zelaya instó a las autoridades de seguridad nacional y a organismos internacionales, como Interpol, a ejecutar la orden de aprehensión.
De acuerdo con la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), el caso Pandora II involucra el desvío de más de 288 millones de lempiras (aproximadamente 11 millones de dólares) entre 2010 y 2013.
Según esa investigación, Hernández habría recibido más de 62 millones de lempiras (alrededor de 2.3 millones de dólares) para financiar su campaña presidencial mediante el uso de fundaciones, empresas fantasma, prestanombres y contratos simulados. El expresidente gobernó Honduras de 2014 a 2022 y fue arrestado en febrero de ese último año a solicitud de autoridades estadounidenses.
El pedido de captura ocurre días después de que el partido oficialista hondureño, Libertad y Refundación (Libre), criticara públicamente el indulto otorgado por el expresidente estadounidense Donald Trump.
En respuesta, el abogado de Hernández en Estados Unidos calificó la acción judicial en Honduras como una maniobra política del partido en el poder. Hernández, por su parte, expresó en un video que fue víctima de una conspiración y aseguró que durante su mandato promovió leyes contra el crimen organizado y mantuvo cooperación en seguridad con Estados Unidos.
