El Senado de Estados Unidos rechazó una iniciativa que habría limitado la capacidad presidencial para ordenar un ataque directo contra Venezuela, medida impulsada por legisladores demócratas que exigieron mayor participación del Congreso en las operaciones militares recientes en el Caribe y el Pacífico oriental.
La propuesta, promovida bajo la Resolución de Poderes de Guerra de 1973, recibió 49 votos a favor y 51 en contra, resultado que dejó sin efecto la restricción pese a las solicitudes de información detallada sobre los operativos contra embarcaciones acusadas de transportar drogas. Senadores de ambas bancadas solicitaron explicaciones sobre la inteligencia y la justificación legal empleadas para autorizar los ataques marítimos, y algunos legisladores expresaron inquietud por la acumulación naval en la región mientras la administración mantiene la opción de acciones más amplias.
Los promotores de la iniciativa argumentaron que el Congreso debe decidir antes de que el Ejecutivo ordene acciones que puedan implicar combate en territorio venezolano, mientras que aliados del gobierno defendieron la intervención como respuesta a la amenaza de narcotráfico.
El senador Tim Kaine, responsable de presentar la legislación, señaló que no corresponde iniciar un conflicto sin un voto legislativo que respalde la operación. Por su parte, parlamentarios como Lindsey Graham defendieron la capacidad del presidente para actuar ante organizaciones que Washington califica de narcoterroristas, y rechazaron que la ley dé al Congreso un control excesivo sobre decisiones militares. La votación tuvo lugar tras una sesión informativa clasificada en la que funcionarios del Ejecutivo detallaron a líderes del Capitolio la información que sustenta los ataques y la argumentación jurídica empleada.
Miembros del Congreso coincidieron en que la campaña en el Caribe genera preguntas sobre objetivos, costos y riesgos para las fuerzas estadounidenses. Algunos republicanos manifestaron dudas sobre la duración y el alcance de la presencia naval, y cuestionaron si esos recursos resultarían más eficaces en esfuerzos domésticos contra el flujo de fentanilo.
Otros legisladores demócratas denunciaron que la estrategia carece de un objetivo estratégico claro y puso en riesgo a los efectivos sin medidas complementarias para enfrentar el tráfico de drogas en tierra. La iniciativa apenas contaba con probabilidades de convertirse en ley, dado que necesitaría la firma presidencial, pero la votación permitió registrar posturas y obligó al Ejecutivo a ofrecer mayor información a los congresistas sobre las operaciones que motivaron la discusión.
