Durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, informó que, en los últimos tres años, el órgano presentó 59 denuncias por factureras ante la FGR, por un monto acumulado de 54,688 millones de pesos.
La funcionaria explicó que estos procedimientos se relacionan con la emisión de comprobantes fiscales falsos, actividad que busca ser sancionada con mayor severidad mediante la reforma propuesta al Código Fiscal de la Federación (CFF), incluida en el Paquete Económico 2026.
Según los datos presentados, en 2022 se presentaron denuncias por 17,000 millones de pesos, en 2023 por 21,700 millones, en 2024 por 10,000 millones, y en lo que va de 2025 suman 5,600 millones.
Galeano aseguró que las modificaciones al CFF permitirán homologar el código con el artículo 19 constitucional, que ya considera la emisión de comprobantes fiscales falsos como motivo de prisión preventiva oficiosa. También señaló que, antes de esta reforma, diversos procesos penales se extinguieron sin sanción proporcional al daño causado, y que actualmente hay 1,568 casos denunciados por el SAT, de los cuales 1,173 ya fueron judicializados.
Entre las medidas propuestas se incluyen nuevas facultades para el fisco, como realizar visitas domiciliarias exprés en un plazo de 24 días para verificar la autenticidad de operaciones amparadas por facturas. Si se detectan irregularidades, se podrá restringir el uso del sello digital e iniciar un proceso penal con penas de tres a seis años de prisión.
Además, el Servicio de Administración Tributaria podría negar el alta en el Registro Federal de Contribuyentes a personas vinculadas con empresas fachada. Al cierre de agosto de 2025, la lista de contribuyentes relacionados con este esquema sumaba 11,028 registros activos.
