A plena luz del día, decenas de familias esperan afuera de un oscuro garaje subterráneo en el centro de Los Ángeles. Están allí por una sola razón: recuperar a un ser querido detenido por Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El edificio federal de inmigración, fuertemente custodiado por marines estadounidenses, se ha convertido en el epicentro de la angustia, el llanto y la incertidumbre.
Desde el pasado 6 de junio, redadas migratorias intensificadas han encendido las alarmas entre las comunidades latinas, asiáticas y de Medio Oriente en el sur de California. Los arrestos ocurren en lugares cotidianos como estacionamientos de Home Depot, lavaderos de autos y hasta puestos de tacos. Las imágenes circulan en redes sociales, provocando miedo y desinformación entre familiares que no saben a dónde trasladan a sus seres queridos.
Una espera angustiante y sin respuestas claras
A partir de las 8 de la mañana, las escaleras del sótano “B-18” se llenan de personas portando ropa, medicamentos y documentos de identidad, con la esperanza de ver, aunque sea por minutos, a sus familiares detenidos. Pero no siempre obtienen respuestas. En algunos casos, ni siquiera pueden confirmar si la persona está dentro del edificio.
“Mi mamá está en shock”, cuenta Christina Jimenez, tras descubrir que su padrastro, un jornalero guatemalteco de 61 años, fue arrestado frente a un Home Depot. ICE no respondió a las solicitudes de comentarios, mientras testimonios sobre condiciones precarias —como personas obligadas a beber agua del inodoro o recibir solo galletas como alimento— comienzan a salir a la luz.
Detenciones arbitrarias: ciudadana estadounidense detenida por “parecer latina”
Uno de los casos más alarmantes es el de Andrea Velez, ciudadana estadounidense, arrestada tras bajarse de su auto cerca de un puesto de tamales. Su hermana, Estrella Rosas, denuncia que ICE la detuvo sin justificación válida. Andrea fue liberada al día siguiente, tras ser acusada falsamente de obstrucción. Su familia cree que fue un caso claro de perfilamiento racial.
Entre abogados frustrados y seres queridos invisibles
La desesperación no solo recae en las familias. Abogados como Kim Carver, de la Coalición Trans Latino, denuncian traslados sin aviso y obstáculos para ayudar a sus clientes. “Ha sido solo una persecución tratando de encontrarla”, dice, en referencia a una mujer transgénero hondureña que fue enviada a Texas sin previo aviso.
Mientras tanto, otros comparten tips como la importancia del “número A” (el registro de detenido) o cómo recargar cuentas telefónicas. En la fila, la solidaridad es lo único que mantiene en pie a quienes han esperado más de cinco horas para ver, escuchar o simplemente saber si su ser querido sigue ahí.
Un sistema roto y saturado
Para muchos, el proceso es tan desorganizado como inhumano. Familias que viajan con sueldos mínimos traen suéteres para proteger a sus detenidos del frío, medicamentos para el dolor y agua, ya que en algunos casos solo han recibido una botella cada dos días.
“Me rompe el corazón ver a un joven llorar porque tiene hambre y sed”, dice Yadira Almadaz, tras visitar al novio de su sobrina, quien no ha cambiado de ropa en una semana.
¿Qué sigue?
Con más de 10 millones de residentes en el condado, un tercio nacidos en el extranjero, la incertidumbre sigue creciendo. Las redadas no han cesado, y las familias temen deportaciones equivocadas o traslados sin aviso, incluso a países donde los detenidos nunca han vivido.
La espera se repite cada día en las escaleras del “B-18”, entre sombras, calor y el eco de nombres pronunciados con la esperanza de una respuesta. Mientras tanto, la comunidad inmigrante sigue resistiendo, organizada y alerta, en un sistema que parece no escuchar.
