Este domingo se realiza en México una elección para elegir por primera vez mediante voto popular a 881 cargos del poder judicial, como parte de una reforma promovida durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y respaldada por el actual gobierno.
La elección incluye la renovación de los nueve ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cinco integrantes del Tribunal Disciplinario, 464 magistraturas de circuito, 386 juzgados de distrito y los tribunales electorales. El Instituto Nacional Electoral estimó que cerca de 100 millones de personas fueron convocadas a votar, aunque la participación se calcula entre 13% y 20%.
Diversos sectores sociales, académicos y organismos internacionales han manifestado preocupación sobre esta votación, señalando que la reforma podría afectar la autonomía judicial y permitir una mayor injerencia del poder político en las decisiones de jueces y magistrados.
Entre las críticas principales se encuentra la escasa difusión oficial sobre los perfiles de los más de 2.600 candidatos registrados. En las últimas semanas, se han denunciado prácticas irregulares como la distribución de listas partidistas en espacios públicos y redes sociales, lo que llevó al INE a suspender un sitio web que promovía nombres vinculados con el oficialismo.
Organizaciones civiles han advertido sobre la inclusión de postulantes con antecedentes cuestionables, entre ellos defensores de líderes criminales, exfuncionarios implicados en actos de corrupción, exreclusos y figuras ligadas a sectas. También se ha señalado la alta presencia de candidatos relacionados con el partido gobernante, lo que podría favorecer una alineación del poder judicial con el Ejecutivo.
A pesar de las críticas, el gobierno federal ha reiterado que el objetivo de esta reforma es combatir el nepotismo y la corrupción dentro del sistema judicial mediante una participación ciudadana directa.
