
Un acidente vial registrado hace unos días en la ciudad de Tulancingo, Hidalgo, evidenció como el influyentismo y la corrupción de autoridades y funcionarios afecta a víctimas y ciudadanos.
El pasado 12 de enero se registró un accidente vehicular cuando Luis Arturo Sandoval Osornio, propietario del negocio “Funerales Sandoval”, conducía en estado de ebriedad a alta velocidad por las calles del centro de la ciudad; al llegar a un crucero impactó a otro vehículo, una camioneta, y chocó con la fachada de 2 negocios.
El accidente provocó graves daños a los vehículos involucrados, a los negocios afectados y causó lesiones en 4 personas, incluyendo a dos menores de edad.
Tra registrarse el accidente llegaron al lugar de los hechos elementos policíacos y de Tránsito, quienes, de acuerdo con los afectados, protegieron al presunto culpable del percance, a quien retuvieron en una patrulla pero no para ponerlo a la disposición del Ministerio Público (MP).
En las oficinas del MP las autoridades habrían incurrido en diversas omisiones, como no hacerle al presunto responsable del accidente la prueba de alcoholemia, no abrir una carpeta por el delito de lesiones, y clasificar el percance como una “falta administrativa”, dando largas a los afectados y las víctimas para desistir de las denuncias.
Estas irregularidades en el seguimiento del caso han persistido luego de 3 días, y los afectados; los dueños de los vehículos involucrados, los padres del menor lesionado, y los dueños de los negocios; no han recibido el apoyo debido por parte de las autoridades.
De acuerdo con testimonios de los afectados por el percance, Sandoval Osornio actuó de manera prepotente tras el accidente, dijo tener “influencias” y los amenazó si procedían legalmente.
También señalaron que los policías y agentes de tránsito mostraron parcialidad a favor del causante del accidente, con quien presuntamente tendrían convenios en relación con otros casos que implican víctimas mortales, y que son referidos a los servicios funerarios de Sandoval Osornio.
Si bien este caso no es único a nivel nacional, muestra como el esfuerzo de autoridades federales y estatales por ayudar a la ciudadanía, tal como lo expresó el gobernador Julio Menchaca hace unos días, se ve frustrado por corrupción, influyentísimo y favoritismo de funcionarios locales,
Los afectados piden al secretario de Seguridad de Hidalgo, Salvador Cruz Neri, que revise caso y garantice un adecuado deslinde de responsabilidades y compensación de los daños.





