El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, presentó una propuesta de reforma constitucional que plantea ampliar el período presidencial de cinco a seis años, crear la figura de copresidencias, y otorgar a la Presidencia la facultad de coordinar los poderes del Estado. La reforma, que debe ser aprobada en dos legislaturas por la Asamblea Nacional, busca también establecer a Nicaragua como un Estado “revolucionario” y permitir la creación de una Policía Voluntaria. Críticos aseguran que estas medidas refuerzan un modelo de partido único y concentran el poder en el Ejecutivo.
La reforma propone que la Presidencia esté integrada por un copresidente y una copresidenta, quienes podrían nombrar vicepresidentes sin elección popular. Asimismo, el Ejecutivo asumiría la dirección del Ejército, la Policía y otros órganos estatales. Entre los requisitos para ser candidatos, se excluyen a quienes hayan sido desterrados o considerados traidores a la patria, una medida que limita la participación de líderes opositores. La propuesta también busca incluir la bandera del Frente Sandinista como símbolo patrio.
Además, el proyecto habilita al Estado a supervisar medios de comunicación y organizaciones religiosas para evitar injerencias extranjeras y la difusión de noticias falsas. También plantea desconocer sanciones internacionales que afecten a Nicaragua y reitera el derecho del país a exigir el cumplimiento de la sentencia de 1986 de la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos. La reforma será sometida a votación en primera legislatura y se espera su ratificación definitiva en 2025.
