Desde la entrada en vigor de la Reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF) el 16 de septiembre, trabajadores judiciales y expertos han señalado posibles implicaciones, especialmente la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la SCJN.
La polémica ha escalado hasta la Organización de Estados Americanos (OEA), que evaluará la reforma en los próximos días, presentada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Pese a los amparos emitidos por jueces, su implementación sigue, con comités de evaluación ya instalados y una convocatoria ciudadana prevista para el 4 de noviembre.
Además, la Suprema Corte discutirá el 5 de noviembre un proyecto para invalidarla parcialmente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha programado una audiencia para el 12 de noviembre en Washington, donde escuchará a representantes de trabajadores judiciales, como la jueza Juana Fuentes Velázquez de la Jufed.
La CIDH ya había manifestado su preocupación por los efectos de esta reforma, apuntando que podría impactar la independencia judicial, el acceso a la justicia y la vigencia del Estado de Derecho en México.
La instauración de elecciones populares para 2025 y 2027 ha sido objeto de críticas, señalando riesgos asociados a la presencia del crimen organizado y a la idoneidad del proceso.
Además, la CIDH resaltó que la reforma no incluyó a otras instituciones como la FGR y fiscalías estatales, lo que limita su alcance en la mejora del acceso a la justicia.
La figura de ‘jueces sin rostro’ y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial han suscitado más preocupaciones, ya que estas medidas podrían comprometer la independencia judicial y las garantías del debido proceso.
