La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, adelantó que emitirá un decreto de transparencia en la administración pública federal. El objetivo central de la medida es evitar que las dependencias gubernamentales reserven información de manera discrecional, combatiendo directamente la opacidad y la impunidad dentro del gobierno federal.
Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria detalló que este jueves sostendrá una reunión de trabajo con la titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, con el fin de revisar los detalles técnicos del decreto antes de su publicación.
Criterios para la reserva de información pública
La jefa del Ejecutivo federal enfatizó que la nueva disposición busca establecer reglas claras en las leyes secundarias para que ninguna autoridad pueda resguardar documentos o expedientes a su propio criterio. Las únicas excepciones permitidas para la reserva de datos serán los casos sujetos a un proceso judicial en curso o aquellos que involucren temas estrictamente de seguridad nacional.
“Les puedo adelantar: vamos a hacer un decreto para la transparencia, y queremos que en estas nuevas leyes quede todavía más establecido, que no puede resguardarse información a criterio de la autoridad, que tiene que ser transparente, a menos que esté en un proceso judicial o a menos que sea realmente seguridad nacional. Pero, si no, pues todo el gobierno debe ser transparente”, señaló Sheinbaum Pardo.
Paquete de reformas coordinadas contra la corrupción
A la par del decreto, la presidenta anunció que el Gobierno Federal propondrá un paquete de iniciativas ante el Congreso de la Unión para reformar diversas leyes en materia de fiscalización y rendición de cuentas. El propósito de este paquete legislativo es fortalecer el sistema anticorrupción e instaurar una política de cero impunidad en el servicio público.
Para evitar contradicciones normativas, la propuesta legislativa se elabora de manera conjunta entre tres instancias clave:
- Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno: Encabezada por Raquel Buenrostro Sánchez.
- Auditoría Superior de la Federación (ASF): Órgano fiscalizador del Estado mexicano.
- Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA): Instancia encargada de impartir justicia en materia administrativa.
La mandataria explicó que, respaldando la autonomía de cada organismo, se acordó articular un proyecto unificado. De esta forma, las modificaciones legales elaboradas por cada institución no tendrán contradicciones entre sí, garantizando la solidez del marco legal para sancionar faltas administrativas y delitos de corrupción.
