El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció el inicio de una ofensiva diplomática global orientada a “desmantelar” la Corte Penal Internacional (CPI). La estrategia impulsada por la administración del presidente Donald Trump contempla presionar a los países aliados para que renuncien al organismo de justicia internacional y aplicar sanciones severas contra los integrantes del tribunal con sede en La Haya.
A través de un comunicado difundido este lunes 13 de julio de 2026, el funcionario sostuvo que la entidad judicial constituye una “amenaza intolerable” contra la soberanía norteamericana al pretender procesar penalmente a efectivos militares y servidores públicos de ese país.
Sanciones administrativas y presiones a países aliados
La campaña trazada por el Departamento de Estado prevé la cancelación e imposición de vetos de ingreso a territorio estadounidense para todo el personal adscrito a la CPI, así como un incremento en las medidas de bloqueo financiero contra sus directivos y entidades no gubernamentales asociadas.
Aunado a las restricciones individuales, el gobierno de Estados Unidos condicionará el apoyo diplomático y militar a sus socios estratégicos a cambio de un rechazo explícito a las determinaciones del tribunal internacional.
“Habrá un mayor escrutinio de las naciones que se niegan a rechazar la supuesta autoridad de la CPI mientras dependen de la asistencia de Estados Unidos”, advirtió la diplomacia estadounidense sobre las implicaciones geopolíticas de la medida.
El plan contempla la citación de embajadores y diplomáticos extranjeros radicados en Washington para exigir la salida formal de sus respectivos países del Estatuto de Roma, norma fundacional del tribunal de la cual la Unión Americana no es parte firmante.
Antecedentes y pronunciamientos políticos
Las fricciones entre la Casa Blanca y el órgano judicial se intensificaron luego de que la CPI abriera investigaciones formales sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por personal militar estadounidense durante el conflicto en Afganistán, sumado a las órdenes de aprehensión y resoluciones dictadas contra autoridades de Israel, principal aliado estadounidense en el Medio Oriente.
En un artículo de opinión publicado en el periódico The Wall Street Journal, Marco Rubio acusó a la institución de actuar bajo la influencia de redes globales e intereses gubernamentales opuestos a la política exterior de Washington, asegurando que la administración actual utilizará todos los recursos institucionales disponibles para desarticular el marco operativo de la Corte Penal Internacional.
