La Corte Suprema de Estados Unidos confirmó este martes el derecho fundamental a la ciudadanía por nacimiento. Los magistrados, en una votación de 6-3, rechazaron de manera definitiva la orden ejecutiva emitida por el presidente Donald Trump. El decreto presidencial declaraba de forma inédita que los niños nacidos de personas que están en el país de manera ilegal o temporal no debían ser considerados ciudadanos estadounidenses.
La resolución de la máxima instancia judicial anula por completo la medida de la Casa Blanca. Esta política formaba parte de la ofensiva migratoria que el mandatario firmó desde el primer día de su segundo mandato. El fallo representa un revés histórico para las afirmaciones del poder ejecutivo que desafían precedentes legales de larga data.
Roberts defiende la promesa de la 14ta Enmienda
Una estrecha mayoría de cinco magistrados avaló el sentido de la opinión constitucional, escrita por el presidente del tribunal, John Roberts. La mayoría se basó en la interpretación de la 14ta Enmienda —adoptada originalmente tras la Guerra Civil— dictaminando que cualquier persona nacida en la nación, con excepciones muy limitadas, es ciudadana estadounidense. Al criterio constitucional de Roberts se sumó la magistrada Amy Coney Barrett y los tres integrantes del bloque liberal.
“La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’”, escribió Roberts en representación del pleno.
Por otra parte, el magistrado Brett Kavanaugh concordó en el sentido del fallo para anular la orden. Sin embargo, discrepó sobre el argumento de la Constitución y se apoyó en una ley federal secundaria. Su postura abre la puerta teórica a que un futuro Congreso modifique las leyes ordinarias para restringir el derecho.
Conservadores emiten extenso voto particular en disenso
En contraste, tres magistrados del ala conservadora —Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas— votaron en contra y habrían permitido que las restricciones entraran en vigor. El disenso principal fue redactado por Thomas en un documento de 91 páginas, cuya extensión triplicó el texto de la opinión mayoritaria.
Thomas argumentó que el tribunal dio un paso extraordinario al declarar inconstitucional la orden ejecutiva. El magistrado disidente sostuvo de forma crítica que la enmienda fue diseñada para asegurar los derechos de las personas negras tras la Reconstrucción y acusó que el texto ha sido reutilizado para proyectos políticos ajenos a su espíritu original.
Ante la resolución, Donald Trump calificó el fallo en su plataforma Truth Social como “demasiado malo para nuestro país” y sugirió de forma errónea que el Congreso podría revertirlo fácilmente. Sin embargo, al sustentarse en bases constitucionales, la decisión de la Corte solo podría superarse mediante una enmienda constitucional.
Impacto masivo: más de 250 mil bebés afectados al año
La política de la administración de Trump pretendía revertir la jurisprudencia del caso Wong Kim Ark de 1898, el cual consolidó que los hijos de extranjeros nacidos en suelo estadounidense obtienen la protección del Estado de manera automática. El Gobierno de EE. UU. sostenía que los hijos de no ciudadanos no están completamente “sujetos a la jurisdicción” del país.
De acuerdo con investigaciones del Instituto de Política Migratoria y de la Universidad Estatal de Pensilvania, más de un cuarto de millón de bebés nacidos en Estados Unidos cada año se habrían visto afectados de implementarse este ordenamiento. Las restricciones no solo impactaban a los hijos de inmigrantes indocumentados, sino que abarcaban también a estudiantes extranjeros y solicitantes legítimos de la residencia permanente.
