La Fiscalía General de la República (FGR) logró que fueran llevadas formalmente a proceso judicial once personas que fueron detenidas durante un operativo en Acapulco de Juárez, Guerrero, llevado a cabo luego de que un juez de Control librara una orden de cateo en propiedades de presuntos integrantes de un grupo criminal dedicado a la extorsión.
La diligencia fue ejecutada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con personal de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y peritos adscritos al Centro Federal Pericial Forense (CFPF). El operativo simultáneo se desplegó en nueve domicilios distribuidos en las siguientes colonias de Acapulco:
- Costa Azul
- Miguel de la Madrid
- Infonavit Alta Progreso
- La Mica
- Costa Dorada
- Paso Limonero
- Los Hornos
- Magallanes
Detenciones en flagrancia e indicios asegurados
En los inmuebles intervenidos, las autoridades capturaron en flagrancia a quienes fueron identificados como posibles integrantes de una organización delictiva: Jesús “N”, Lorelei “N”, Marcos “N”, Antonia “N”, Arturo “N”, Abad “N”, Javier “N”, Nancy “N”, Benito “N”, Julio “N” y Liliana “N”.
Durante el desarrollo de la acción ministerial, las corporaciones federales lograron el aseguramiento del siguiente material ilícito, así como de los bienes patrimoniales:
- Armamento: Dos armas cortas y cartuchos de diversos calibres.
- Narcóticos: 51 bolsas de marihuana y 117 bolsas de una sustancia sólida cristalina.
- Bienes y equipos: Tres vehículos, numerario en efectivo, 22 teléfonos celulares y el aseguramiento de las propias viviendas cateadas.
Vinculación a proceso y prisión preventiva
Tras finalizar los operativos en campo, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la FEMDO, tomó la conducción del caso y aportó los datos de prueba suficientes ante la autoridad judicial.
Gracias a estos elementos, se obtuvo formalmente la vinculación a proceso de las 11 personas por su probable participación en los delitos de posesión de narcótico y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El juez de la causa dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijó un plazo de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
