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Histórico fallo para México: Gana arbitraje millonario ante la minera estadounidense Silver Bull

El Estado mexicano obtuvo una victoria jurídica en el ámbito financiero internacional. La Secretaría de Economía informó este jueves que México ganó un caso de arbitraje internacional iniciado por la empresa minera Silver Bull Resources, Inc. (Silver Bull), corporación con sede en Estados Unidos.

La firma estadounidense había presentado en junio de 2023 una reclamación formal en contra de la nación por un monto que superaba los 315 millones de dólares. El litigio comercial se extendió por tres años antes de que el tribunal emitiera el laudo definitivo a favor de las finanzas públicas mexicanas.

El origen del conflicto bajo el amparo del TLCAN

La controversia legal se llevó a cabo al amparo de las reglas del extinto Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El proceso fue administrado de manera formal ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI).

El CIADI funge como el brazo especializado y organismo autónomo del Banco Mundial encargado de resolver las diferencias jurídicas y disputas que surgen entre los inversionistas extranjeros y los Estados soberanos. Silver Bull reclamaba compensaciones financieras argumentando afectaciones directas a sus proyectos de exploración en territorio nacional, una tesis que los representantes legales del Gobierno de México lograron desestimar durante las audiencias.

Un precedente para la defensa económica del país

El fallo absolutorio emitido por el panel de expertos del CIADI exime al país de realizar el pago multimillonario demandado por la compañía minera de Estados Unidos. De acuerdo con las autoridades federales, la resolución sienta un precedente fundamental en la defensa de los recursos del Estado frente a firmas extranjeras que operan en los sectores extractivos.

La Secretaría de Economía enfatizó que el resultado de este arbitraje internacional refrenda el compromiso de la administración pública de actuar con pleno apego al Estado de derecho y defender con rigor técnico los intereses patrimoniales de los ciudadanos en los tribunales del mundo.

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