La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) desmintió de manera categórica las versiones periodísticas que señalaban que la gobernadora del estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, había sido citada a declarar en calidad de imputada por parte del organismo ministerial capitalino.
A través de un informe oficial compartido este 26 de mayo, la institución calificó como falsos los reportes difundidos en diversos medios de comunicación.
“Con relación a las notas periodísticas difundidas este día sobre una supuesta imputación en contra de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México aclara que dicha información es falsa”, precisó la dependencia.
Investigación concluida: No ejercicio de la acción penal
La Fiscalía capitalina explicó que el origen de este asunto se remonta a una investigación derivada de una denuncia previa presentada por el senador Javier Corral Jurado. Dicho recurso legal provocó en su momento el despliegue de diversas diligencias y el agotamiento de líneas de investigación con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados.
Tras el análisis exhaustivo del caso, la institución determinó que no existe algún delito que perseguir, razón por la cual se resolvió formalmente el no ejercicio de la acción penal. Esta resolución fue validada por la Coordinación General de Control Ministerial y notificada formalmente a la parte denunciante.
Audiencia corresponde a una impugnación de Javier Corral
La institución, actualmente encabezada por Bertha María Alcalde, detalló que la notificación de audiencia que recibieron María Eugenia Campos Galván y otras personas señaladas en la denuncia no guarda relación con una acusación nueva ni con un proceso de culpabilidad en su contra.
En su lugar, la FGJ-CDMX aclaró que el acto responde exclusivamente a una impugnación promovida por el senador Javier Corral Jurado en contra de la decisión de la Fiscalía de no ejercer la acción penal, un recurso sustentado bajo los términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Por tal motivo, la dependencia enfatizó que la notificación de dicha audiencia deriva de una orden judicial vinculada estrictamente al trámite procesal de esa impugnación ciudadana, por lo que no constituye una imputación, judicialización ni determinación de responsabilidad penal alguna en contra de los servidores públicos notificados. La nota informativa de la Fiscalía concluye reiterando que ni la gobernadora de Chihuahua ni los demás funcionarios involucrados han sido judicializados bajo ninguna circunstancia.






