La Audiencia Nacional de España falló a favor de la cantante colombiana Shakira al anular una sanción y las liquidaciones correspondientes al ejercicio fiscal del año 2011. El tribunal determinó que la Agencia Tributaria española no logró acreditar la residencia fiscal de la artista durante ese periodo, por lo que ordenó la devolución de una cifra que el equipo legal de la intérprete calcula en más de 60 millones de euros (70 millones de dólares) tras incorporar los intereses y el pago de costas judiciales.
La resolución judicial de este lunes 18 de mayo de 2026 dejó sin efecto las medidas previamente aplicadas por la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico Administrativo Central sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y el Impuesto sobre el Patrimonio de dicho año. No obstante, las autoridades de la Agencia Tributaria informaron que la sentencia, dictada por la vía administrativa, será recurrida ante el Tribunal Supremo.
Criterios legales sobre la residencia fiscal
El análisis de la Audiencia Nacional concluyó que no quedó demostrado que la cantante mantuviera su domicilio fiscal en territorio español en 2011. La legislación vigente establece como requisito permanecer más de 183 días en el país para ser considerado residente a efectos fiscales, mientras que el tribunal cuantificó la estancia real de la artista en 163 días.
De igual forma, la justicia española determinó que la administración pública no probó que el núcleo de los intereses económicos o familiares de la investigada se ubicara en España. Ante el argumento gubernamental de que la cantante sostenía una relación sentimental con el exfutbolista Gerard Piqué, el tribunal aclaró que en 2011 no existía un vínculo conyugal ni hijos menores residentes en el país, lo que descarta la existencia de un núcleo familiar a efectos legales para una ciudadana extranjera.
Cierre de procesos en territorio español
De acuerdo con un comunicado de la agencia de comunicación Llorente y Cuenca, encargada de la representación de la artista, esta resolución resuelve la última cuenta pendiente de carácter fiscal que mantenía en España tras ocho años de litigios.
Este fallo administrativo se suma al reciente archivo de una segunda causa penal en un juzgado de Barcelona, donde se investigaba un supuesto fraude de 6.6 millones de euros correspondiente al año 2018, desestimado a petición de la Fiscalía. Como antecedentes penales firmes por conformidad, constan el acuerdo alcanzado en 2024 donde la cantante aceptó una multa de 7.8 millones de euros tras reconocer el impago de 14.5 millones de euros a la Hacienda española por los ejercicios fiscales de los años 2012 a 2014.
