El Sindicato Nacional Minero ha encendido las alarmas a nivel nacional tras denunciar que diversas empresas, tanto nacionales como internacionales, están permitiendo la intervención de grupos armados y delincuencia organizada para intimidar a los trabajadores e influir en sus decisiones sindicales.
El caso de la minera Camino Rojo en Zacatecas no es un hecho aislado. Según el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia, este modelo de intimidación se está replicando en otras regiones del país para obligar a los mineros a desertar de su agrupación gremial y adherirse a sindicatos patronales, también conocidos como “sindicatos blancos”.
Entre las empresas señaladas se encuentran Plata Panamericana en Zacatecas, Américas Gold and Silver en Cosalá (Sinaloa) y Torex Gold en el estado de Guerrero. El líder sindical advirtió que estas acciones operan en total impunidad, a pesar de la gravedad que representan para la seguridad física de las familias mineras.
Inversión extranjera y violaciones a los derechos laborales
La industria minera en México cuenta con una fuerte presencia internacional. De acuerdo con Gómez Urrutia, las empresas canadienses representan casi el 70 por ciento de la inversión extranjera en el sector, por lo que resulta alarmante que se registren violaciones graves a los derechos humanos y a la legislación laboral.
En el caso específico de Orla Mining, se denunció que la compañía denegó los derechos de los trabajadores al recurrir a organizaciones ligadas a “narcosindicatos”, situación que vulnera la democracia sindical y la libertad de los empleados para elegir a sus representantes sin presiones externas.
El gremio calificó estas acciones como una violación total no solo a la ley federal del trabajo, sino a los convenios internacionales sobre derechos humanos y libertades sindicales.
Exigencias del sector ante la Secretaría del Trabajo
Durante la 44 Convención del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, se hizo un llamado urgente a las autoridades federales, en especial a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS). Las peticiones centrales del gremio incluyen:
- Cancelación de concesiones: Retirar los permisos a las empresas que utilicen grupos armados o delictivos para controlar a sus empleados.
- Retiro de registros: Cancelar el aval a los sindicatos patronales que actúan al margen de la ley.
- Garantías de seguridad: Proteger la integridad física de los trabajadores y sus familias frente a amenazas de muerte.
Asimismo, Gómez Urrutia, también diputado federal con licencia, destacó que permitir estas prácticas crearía un precedente muy negativo para el desarrollo laboral en el país.
