La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender de manera temporal la resolución de todos los amparos relacionados con la revisión y revocación de las llamadas “pensiones doradas” del ISSSTE. A través del Acuerdo General 3/2026, el máximo tribunal del país determinó que los Tribunales Colegiados deberán esperar a que el Pleno establezca un criterio definitivo antes de dictar sentencia.
Un freno a las revocaciones de pensiones altas
El acuerdo, que entra en vigor este miércoles 15 de abril, afecta directamente a los juicios donde se impugna el procedimiento del ISSSTE para verificar, modificar o revocar pensiones que rebasen los límites permitidos por la ley.
La medida busca evitar que se dicten sentencias contradictorias en diferentes estados del país, incluyendo Morelos, donde diversos exservidores públicos han recurrido a la justicia federal para proteger sus prestaciones económicas ante los recortes impulsados por la dirección general del instituto.
¿Qué establece el nuevo acuerdo de la Corte?
De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el trámite de los juicios de amparo no se detiene por completo, pero queda “congelado” en su etapa final:
- Continuidad del trámite: Los tribunales deberán seguir con el proceso hasta que el expediente esté listo para sentencia.
- Aplazamiento del dictado: La resolución final no podrá emitirse hasta que el Pleno de la SCJN fije el alcance legal de las facultades del ISSSTE para ajustar estas pensiones.
- Amparos en revisión: Actualmente existen al menos 10 amparos en revisión radicados en la Corte (del 599/2025 al 144/2026) que servirán para generar la jurisprudencia necesaria.
Certeza jurídica para miles de pensionados
La Dirección General de Estadística Judicial informó que, además de los casos en la Corte, existen al menos 12 juicios de amparo indirecto pendientes en Juzgados de Distrito vinculados a este tema.
Esta pausa judicial es fundamental para los pensionados del ISSSTE en la región, ya que la resolución final de la Corte determinará si el instituto tiene la facultad legal de reducir montos de pensiones que ya habían sido autorizadas bajo administraciones anteriores, o si dichas acciones vulneran derechos adquiridos.
