El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) solicitó la intervención de la Asamblea General para examinar la crisis de desapariciones en México, tras concluir que el fenómeno es generalizado, sistemático y que la impunidad persiste. La respuesta del Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fue inmediata: calificó el reporte como “tendencioso” y carente de rigor jurídico.
El informe de la ONU advierte que el Estado mexicano no ha podido frenar esta tragedia por sí solo, señalando que existen indicios de crímenes de lesa humanidad debido a la participación de autoridades, ya sea por acción directa, apoyo o la omisión en las investigaciones.
Las cifras de la crisis: Un país desbordado
La magnitud del problema en México se resume en datos que el organismo internacional considera alarmantes y que reflejan un fracaso institucional acumulado desde 2006:
- 132,000 personas desaparecidas: Según el registro oficial actual.
- 72,000 restos no identificados: Cadáveres o fragmentos óseos que permanecen en morgues o fosas comunes sin nombre.
- 4,000 investigaciones: Una cifra mínima de expedientes abiertos en comparación con el total de víctimas.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez calificó este pronunciamiento como la evaluación reprobatoria más contundente en casi dos décadas, abarcando cuatro administraciones de tres partidos políticos distintos.
La postura del Gobierno: “Falta de rigor jurídico”
A través de un comunicado, el Gobierno Federal defendió que la mayoría de las desapariciones son responsabilidad de cárteles del narcotráfico y no del Estado. Asimismo, argumentó que la falta de diligencia en las investigaciones no debe interpretarse como complicidad oficial.
Recientemente, la administración de Sheinbaum señaló que solo un tercio de los registros actuales cuenta con datos suficientes para una búsqueda efectiva, sugiriendo que otro tercio podría tratarse de “ausencias voluntarias”, una postura que ha generado duras críticas de colectivos de familiares por la falta de transparencia en la metodología utilizada.
Familias en el desamparo: “Nos estamos muriendo”
Para las familias de las víctimas, la decisión de la ONU representa un rayo de esperanza frente a años de frustración. Sin embargo, el rechazo oficial del Gobierno de México las sume nuevamente en la incertidumbre.
Casos como el de Guadalupe Fernández, quien busca a su hijo José Antonio desde hace 17 años (desaparecido en Coahuila por los Zetas en colusión con autoridades), personifican el sentir de miles: “Mientras no encontramos, nos estamos muriendo”. El comité de la ONU busca ahora que la comunidad internacional brinde cooperación técnica y forense, pero para que esto ocurra, México debe aceptar la ayuda, algo que hasta el momento parece lejano.
