Un juez especializado en justicia penal para adolescentes dictó la medida cautelar de internamiento preventivo contra Osmar “N”, el estudiante de 15 años acusado de privar de la vida a dos profesoras en la preparatoria Antón Makárenko, en el municipio de Lázaro Cárdenas. El joven enfrentará el proceso bajo custodia en Morelia mientras se define su situación jurídica.
El proceso legal: Entre el feminicidio y armas exclusivas
Durante la audiencia inicial celebrada en la capital michoacana, la Fiscalía General del Estado (FGE) imputó formalmente al menor por los delitos de feminicidio y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas. Al tratarse de un rifle de asalto, la gravedad del caso ha conmocionado a la comunidad educativa.
El juzgador autorizó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia se reanudará el próximo 30 de marzo a las 9:00 horas. Por ahora, el adolescente permanece en la Unidad Especializada para Adolescentes y Adultos Jóvenes, donde cuenta con asesoría de una defensora de oficio y el acompañamiento de su madre.
La pista clave: Buscan nexos con grupos “Incels”
El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, reveló que una pieza fundamental del rompecabezas sigue desaparecida: el teléfono celular del imputado. La autoridad sospecha que en el dispositivo se encuentran las motivaciones del ataque.
“Queremos ver si hay una tendencia relacionada con redes sociales o si alguna persona lo orilló a esta determinación”, señaló el fiscal. Además, durante el cateo a su vivienda, se hallaron medicamentos que están bajo análisis para determinar el estado de salud mental y el tratamiento que seguía el menor.
Polémica: ¿Juzgar a menores como adultos?
El caso ha reabierto el debate sobre la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Bajo la legislación actual, al tener 15 años, la sanción máxima que Osmar “N” recibiría sería de tres años de internamiento.
Ante esto, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla anunció una iniciativa que enviará al Congreso de la Unión para que menores que cometan delitos de “alto impacto” sean juzgados y sentenciados como adultos. “Tenemos que defender a las víctimas; que tengan la pena de homicidio que establece el Código Penal”, sentenció el mandatario.
