La justicia en Michoacán dio un giro determinante este día. Un juez de control liberó 16 órdenes de aprehensión relacionadas con los hechos ocurridos en la comunidad de Arantepacua, municipio de Nahuatzen. Entre los señalados destacan el exgobernador Silvano Aureoles Conejo y el exsecretario de Seguridad, Juan Bernardo Corona Martínez, junto a 14 elementos de la policía estatal.
Las acusaciones formuladas por la Fiscalía General del Estado (FGE) incluyen delitos graves como homicidio calificado, abuso de autoridad y tortura. De acuerdo con las investigaciones, el entonces mandatario habría ordenado el operativo policial del 5 de abril de 2017 que derivó en la presunta ejecución extrajudicial de cuatro indígenas purépechas, entre ellos un menor de edad.
El origen del conflicto: Tierras y represión
El operativo en Arantepacua se ejecutó mientras los comuneros mantenían retenidos vehículos de carga como medida de presión por una disputa de tierras con el poblado de Capacuaro. Lo que inició como un despliegue para recuperar las unidades terminó en un enfrentamiento armado donde, además de las víctimas civiles, perdió la vida un elemento de la Policía Estatal.
Este caso ha sido documentado por organismos de derechos humanos, quienes señalaron el uso desproporcionado de la fuerza y la violación de protocolos internacionales durante el mandato de Aureoles (2015-2021).
Doble cerco judicial: Desfalco y Derechos Humanos
Cabe destacar que esta no es la única cuenta pendiente de Silvano Aureoles con la justicia. Desde 2023, tanto él como Bernardo Corona son buscados por un presunto desfalco millonario al erario público.
Este segundo proceso investiga la construcción a sobreprecio de cuarteles de la Policía Estatal. Por este caso, ya han sido detenidos exfuncionarios de primer nivel, incluyendo a:
- Carlos Maldonado Mendoza, exsecretario de Finanzas.
- Antonio Bernal Bustamante, exsecretario de Seguridad.
- Mario Delgado Murillo y Elizabeth Villegas, exfuncionarios de áreas administrativas.
