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Vinculan a proceso a exfuncionarios por obras fantasma en el Teatro Ocampo en Cuernavaca, Morelos

Dos exservidores públicos de la entonces Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado fueron vinculados a proceso penal por el delito de ejercicio ilícito del servicio público. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) presentó pruebas que señalan la contratación irregular de una empresa para rehabilitar el emblemático Teatro Ocampo, a pesar de que el inmueble no presentaba daños estructurales.

Durante la audiencia, un Juez de Control determinó que los elementos probatorios eran suficientes para sujetar a proceso a Lucero “N” y José Gonzalo “N”, quienes se desempeñaron en sus cargos durante la administración estatal 2012-2018.

Rehabilitación injustificada y desacato al presupuesto

La investigación de la FECC revela que la adjudicación directa para las obras en el Teatro Ocampo se realizó bajo condiciones de opacidad y sin necesidad técnica, ya que el edificio se encontraba en óptimas condiciones. Además, los exfuncionarios habrían ignorado los montos máximos establecidos en el Presupuesto de Egresos de 2018, publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad”.

Como medidas cautelares, el juzgador impuso a los imputados:

  • Firma periódica mensual ante la autoridad judicial.
  • Plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que se determinará el monto total del daño patrimonial al estado.

El Teatro Ocampo: Bajo la lupa judicial

El Teatro Ocampo, situado en el corazón del Centro Histórico de Cuernavaca, es uno de los recintos culturales más importantes de la entidad. Este proceso judicial se suma a una serie de investigaciones que buscan esclarecer el uso de recursos destinados a la infraestructura cultural y pública al cierre de administraciones pasadas.

Presunción de inocencia

Conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las personas mencionadas se presumen inocentes y serán tratadas como tales en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante una sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional.

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