El alcalde de Tequila, Jalisco, Diego N enfrenta prisión preventiva oficiosa y está acusado de secuestro agravado y delincuencia organizada, según determinó el juez federal de control en Almoloya de Juárez, Mario Elizondo Martínez.
Asimismo, el comisario de Seguridad Municipal, Juan Manuel N, y el director de Catastro y Predial, Juan Gabriel N, también permanecen recluidos por su probable participación en el delito de delincuencia organizada.
La defensa de los imputados solicitó la duplicidad del término constitucional, para formular una estrategia jurídica antes que se les vincule a proceso.
A Diego N y Juan Gabriel N se les imputó su posible participación en el delito de secuestro agravado por la privación de la libertad a Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez.
Según la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR), el alcalde ordenó la privación ilegal de la libertad y tortura de los dos candidatos de Morena para obligarlos a renunciar a elección.
De acuerdo con la carpeta de investigación, en marzo de 2021 Guillermo Cordero García, entonces precandidato de Morena a la presidencia municipal, fue citado en un restaurante de la carretera Internacional 604.
En el lugar, sujetos armados lo privaron de la libertad y lo trasladaron a un lote baldío, donde fue torturado para obligarlo a desistir de sus aspiraciones políticas.
Posteriormente, fue trasladado a un domicilio en la colonia Obrera 1, donde nuevamente fue golpeado y forzado a contactar a su suplente, Julio Alejandro García Gutiérrez, quien también fue secuestrado y agredido.
Tras las agresiones, ambos firmaron su renuncia como precandidatos ante el Instituto Nacional Electoral (INE) y fueron liberados en la colonia Infonavit, lo que permitió que la candidatura quedara en manos de Diego N.
A Diego N también se le fincaron cargos por delincuencia organizada. Los datos aportados por el Ministerio Público señalan que habría encabezado una red de extorsión que afectaba tanto a pequeños y medianos comerciantes como a empresarios del sector tequilero, mediante el cobro de derecho de piso que iba desde 500 pesos hasta montos millonarios.
Al alcalde morenista se le acusa de coordinar a sus subordinados para cometer diversos delitos, y cumplir con la entrega de 40 millones de pesos anuales que pactó con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que le habría financiado su campaña electoral.
Con información de El Financiero
