El Congreso de Chiapas marcó un precedente legislativo al aprobar una iniciativa de reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. El objetivo es claro: permitir que los policías estatales tengan facultades legales para portar armas de grueso calibre, equipo que actualmente está reservado exclusivamente para las fuerzas armadas permanentes.
Esta propuesta, enviada originalmente por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, busca dotar a los elementos de seguridad de herramientas tácticas superiores para enfrentar con mayor eficacia a los grupos delictivos que operan en la región. De ser ratificada por el Congreso de la Unión, Chiapas se convertiría en la primera entidad federativa en implementar esta medida a nivel nacional.
¿En qué consiste la reforma a la Ley de Armas?
El dictamen se fundamenta en el artículo 71 de la Constitución General de la República. El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Guillén Guillén, explicó que esta modificación es necesaria para consolidar instituciones civiles que no solo sean cercanas a la gente, sino también capaces de responder operativamente ante amenazas de alto impacto.
“Lo que está en juego en Chiapas no es cosa menor, es la paz que se está construyendo”, afirmó Guillén Guillén durante la sesión de este jueves.
La reforma contempla tres ejes fundamentales para los policías que accedan a este armamento:
- Capacitación especializada: Entrenamiento técnico para el uso de armas de alto poder.
- Profesionalización: Protocolos estrictos de actuación y derechos humanos.
- Colaboración interinstitucional: Mayor coordinación operativa con los distintos niveles de gobierno.
Hacia un nuevo modelo de seguridad en Chiapas
Con esta decisión, el Legislativo local asegura ponerse a la vanguardia nacional. La iniciativa argumenta que el fortalecimiento de la capacidad operativa de la policía estatal es un paso vital para garantizar el Estado de derecho.
La propuesta ahora será enviada al Congreso de la Unión para su análisis y posible aprobación definitiva. De avanzar, este cambio marcaría un giro en la política de seguridad pública de México, permitiendo que fuerzas civiles utilicen calibres que, por décadas, fueron de uso exclusivo para el Ejército y la Marina.
