Tras la detención de Nicolás Maduro, las autoridades de Estados Unidos presentaron cargos que incluyen delitos relacionados con terrorismo y posesión ilegal de armas de fuego.
Entre los elementos presentados por el gobierno estadounidense se mencionan vínculos con organizaciones criminales mexicanas, específicamente el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, quienes, según el expediente, controlaban rutas de tráfico de drogas en Centroamérica con apoyo de funcionarios venezolanos.
El documento judicial detalla que en 2011, Joaquín “El Chapo” Guzmán financió laboratorios de cocaína en Colombia, cuya producción era enviada a Venezuela bajo protección de Hugo Carvajal Barrios, cercano a Maduro y a Diosdado Cabello. La droga era transportada en avionetas desde México hasta la costa norte de Venezuela, en una zona próxima a Colombia.
Según el exagente de la DEA, Mike Vigil, durante ese periodo el Cártel de Sinaloa, bajo el liderazgo de Guzmán, estableció operaciones de tráfico aéreo que conectaban ambos países. Los Zetas también mantuvieron cierta relación, aunque con menor participación en comparación con el grupo sinaloense.
En entrevista para Infobae México, Vigil señaló que el operativo presentado inicialmente por Donald Trump fue anunciado como una acción contra el narcotráfico. Posteriormente, según Vigil, el enfoque cambió hacia un objetivo de cambio de régimen en Venezuela y, finalmente, se reveló un interés en los recursos energéticos del país.
Ante la posibilidad de que estas acciones afecten a las organizaciones criminales mexicanas, el exagente indicó que los cárteles cuentan con capacidad de reorganización y pueden modificar rutas de tráfico, utilizando vías terrestres, marítimas o aéreas para continuar sus operaciones sin interrupciones.
