La Fiscalía General de la República (FGR) imputó al exgobernador de Chihuahua, César Duarte Jáquez, por presunta operación con recursos de procedencia ilícita, al ocultar más de 76 millones de pesos, parte de un total de 96 millones presuntamente desviados durante su administración de 2010 a 2016.
De acuerdo con la acusación presentada en la audiencia del 9 de diciembre en el penal federal del Altiplano, el dinero habría sido canalizado a través de subsidios y convenios a empresas vinculadas a Duarte y su esposa, Bertha Olga Gómez Fong. La defensa intentó suspender el proceso, pero la autoridad judicial permitió continuar con la presentación de pruebas.
Entre las compañías señaladas por la FGR se encuentran Unión Ganadera Regional División del Norte, Financiera División del Norte, Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, con las cuales, según el Ministerio Público, se ejecutó el desvío de recursos destinados al sector ganadero del estado.
Duarte fue identificado como accionista mayoritario y presidente del consejo de dos de esas empresas, mientras que su esposa habría fungido como socia y representante legal en otras. Los fondos habrían terminado en cuentas personales del exgobernador, su esposa e hijos, además de ser usados para cubrir deudas personales, como el pago de una tarjeta de crédito de Gómez Fong.
La FGR integró más de 100 elementos de prueba, incluyendo informes contables de la Auditoría Superior del Estado de Chihuahua, declaraciones patrimoniales, movimientos bancarios y documentos fiscales.
En la investigación también figura Carlos Gerardo Hermosillo Arteaga, exfuncionario estatal, señalado como operador financiero y tesorero de las compañías vinculadas. Las pruebas apuntan a un presunto conflicto de intereses, al comprobarse la transferencia de recursos públicos a cuentas familiares y empresariales relacionadas con el exmandatario.
