La Cámara de Diputados aprobó una ley contra la extorsión que establece un tipo penal único y sanciones homologadas en todo el país. La medida, promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una estrategia nacional, contempla penas de entre 15 y 25 años de prisión, que pueden aumentar hasta 42 años en casos agravados.
El dictamen fue avalado con 409 votos a favor, 33 en contra y una abstención, y será enviado al Ejecutivo para su promulgación. El delito mostró un crecimiento de 5% en los primeros diez meses del año respecto al mismo periodo de 2024, según datos oficiales.
La nueva legislación establece prisión de entre cinco y 12 años si se emplean dispositivos, servicios digitales o plataformas para extorsionar. También se sancionará con entre 10 y 20 años de cárcel y multa a los funcionarios públicos que no denuncien los hechos, y de tres a cinco años de prisión a autoridades penitenciarias que faciliten estas prácticas. Según datos federales, 56% de las llamadas extorsivas se originan en 12 centros penitenciarios del país. Entre las modalidades reconocidas en la ley se incluyen la extorsión telefónica, la digital y la ejercida desde penales.
Para reducir el alto número de casos no denunciados, la ley contra la extorsión permitirá que el delito se persiga de oficio y se acepte la denuncia anónima. También se ordena el bloqueo inmediato de líneas telefónicas usadas para cometer estos actos, con participación obligatoria de empresas de telecomunicaciones.
La legislación incluye reformas al Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y otras normativas. La aprobación ocurre semanas después del homicidio de Bernardo Bravo, líder limonero de Michoacán que había reportado extorsiones por parte de grupos delictivos, y cuyo caso fue citado por legisladores durante el debate.
