El presidente de Perú, José Jerí, decretó un nuevo estado de excepción en Lima por aumento delictivo, el cual estará vigente durante 30 días. La medida fue publicada en el diario oficial El Peruano e incluye la suspensión de varios derechos constitucionales, entre ellos el de la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión. Este es el tercer decreto de este tipo en lo que va del año.
La disposición permite a las fuerzas del orden realizar detenciones sin orden judicial y acceder a viviendas para detener a sospechosos. También limita las visitas en los centros penitenciarios, autoriza la destrucción de antenas telefónicas ilegales y restringe el uso de motocicletas por dos adultos en la capital.
En un mensaje televisado, Jerí afirmó que el gobierno cambiará su estrategia frente al crimen, pasando de una postura defensiva a una ofensiva. Sin embargo, no aclaró si propondrá la derogación de seis leyes que anteriormente respaldó como legislador, y que, según especialistas, complican la persecución de redes criminales. Estas leyes eliminan medidas como la detención preliminar en casos sin flagrancia y dificultan el decomiso de bienes ilegales o la colaboración eficaz.
Jerí asumió la presidencia el 10 de octubre tras la destitución de Dina Boluarte por el Congreso, en medio de una caída en su nivel de aprobación.
En medio de este contexto, el país enfrenta un aumento sostenido en los niveles de criminalidad. Datos de la fiscalía indican que los homicidios pasaron de 676 en 2017 a 2,082 en 2024, mientras que las denuncias por extorsión crecieron de 2,305 en 2020 a más de 21,000 el año pasado.
Las víctimas frecuentes de estos delitos son comerciantes, transportistas y trabajadores de pequeñas empresas. En Lima, los negocios pierden más de 137,000 dólares al día por actividades delictivas, según una encuesta realizada este año por la consultora Videnza.
