Tres semanas después del accidente en el que un camión cargado con gas licuado de petróleo explotó en la Ciudad de México y dejó 31 personas muertas, el gobierno federal presentó nuevas medidas de seguridad para este tipo de transporte.
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no existían inspecciones efectivas y aseguró que a partir de ahora los camiones deberán cumplir con revisiones más estrictas y con la instalación obligatoria de dispositivos de control de velocidad.
El siniestro ocurrió el 10 de septiembre, cuando un vehículo con casi 50 mil litros de gas perdió el control al tomar una curva a exceso de velocidad en una autopista al oriente de la capital.
El choque contra muros de contención provocó un incendio que alcanzó a una treintena de automóviles y dejó cerca de cien personas heridas, muchas con quemaduras graves. Según datos de la Secretaría de Salud local, 31 víctimas fallecieron, entre ellas el conductor, 13 permanecen hospitalizadas y 40 fueron dadas de alta.
De acuerdo con lo anunciado, las nuevas disposiciones —que se publicarán este viernes en el Diario Oficial de la Federación— obligarán a las empresas transportistas a demostrar el cumplimiento de programas de mantenimiento, someter sus unidades a inspecciones internas y externas, instalar GPS monitoreado por la Secretaría de Energía y reforzar la capacitación de los conductores.
El caso expuso la vulnerabilidad del sistema de transporte de gas licuado de petróleo, un combustible del que dependen millones de hogares y negocios en México.
