La Contraloría General de Panamá presentó dos demandas ante la Corte Suprema para declarar inconstitucional el contrato ley que otorgó la operación de los puertos de Balboa y Cristóbal a la empresa Panama Ports Company, filial de una corporación china. También pidió la nulidad de la renovación del contrato realizada en 2021.
El contralor Anel Flores explicó que el recurso se sustenta en posibles afectaciones al interés nacional. Estos puertos están ubicados en ambos extremos del canal interoceánico, en el Pacífico y en el Atlántico, respectivamente.
Según Flores, la acción legal responde a una inconformidad sobre la manera en que se ha gestionado esta concesión desde finales de la década de 1990.
En abril, la Contraloría presentó una auditoría que estima que el Estado dejó de recibir alrededor de 1,200 millones de dólares en la primera etapa de la concesión. Tras este informe, la fiscalía panameña abrió una investigación penal por presuntos delitos contra la administración pública y daños al patrimonio del país. Panama Ports Company rechazó los señalamientos y aseguró que invirtió más de 1,690 millones de dólares en los puertos.
El contrato con la empresa china ha generado atención internacional, particularmente en el contexto de las relaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Esta semana, un conglomerado con sede en Hong Kong, actual propietario de los activos portuarios, informó que podría integrar a un inversionista chino en el consorcio que negocia la venta de dichos activos.
Entre los posibles compradores figura la firma estadounidense BlackRock Inc. En febrero, la Corte Suprema admitió una demanda previa presentada por un abogado independiente que también cuestiona la legalidad de la prórroga del contrato.
