El gobierno de Nicaragua despojó de su nacionalidad a 135 presos políticos que fueron liberados y enviados a Guatemala el 5 de septiembre de 2024. La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, controlada por el partido sandinista, emitió una sentencia en la que se les acusa de atentar contra la soberanía y estabilidad del país. Además, se ordenó el decomiso de los bienes de los afectados, quienes fueron declarados apátridas.
El Poder Judicial afirmó que esta medida se basó en la Constitución Política de Nicaragua, el Código Penal y leyes especiales relacionadas con la pérdida de nacionalidad. Según el comunicado oficial, los bienes de los condenados serán confiscados para resarcir los daños causados al país. Entre los expulsados se encuentran figuras como el periodista Víctor Ticay y el sociólogo Freddy Quezada, entre otros, que ahora están en Guatemala.
Estados Unidos calificó a estos individuos como “prisioneros políticos injustamente detenidos“, pero ni Guatemala, EE.UU., ni Nicaragua han divulgado oficialmente los nombres completos de los liberados.
